Latinoamérica no está viviendo su mejor momento democrático. En un escenario tan preocupante, Costa Rica sigue distinguiéndose por la calidad de su democracia en evaluaciones como el índice democrático de la Unidad de Inteligencia de «The Economist». Sin embargo, en ese mismo índice, puntuamos bajo en el componente que evalúa la participación ciudadana en política y partidos.
Parece un contrasentido frente al anuncio de que unos 25 partidos postularán candidaturas a la presidencia de la República y otros tantos, candidaturas para las 57 diputaciones. ¿Cómo compaginar la baja participación ciudadana en política con la hiperproducción de partidos políticos?
Tal vez la respuesta esté en la baja confianza que, según el Latinobarómetro, el CIEP y otras mediciones, tenemos en nuestras instituciones democráticas, en particular en los partidos políticos, el Congreso y el gobierno. ¿Será que, como desconfiamos, creamos nuevos partidos en vez de crear mecanismos de rendición de cuentas y de fortalecimiento ideológico de los que ya existen, que no son pocos?
En buena parte de los países latinoamericanos elegimos a los representantes al Congreso mediante sistemas proporcionales por listas cerradas, y bloqueadas, propuestas por los partidos. Por ende, la ciudadanía tiene escasa injerencia en la alineación de esas listas por las que debemos votar para conformar la Asamblea Legislativa.
Otra cosa que tenemos en común con nuestras naciones hermanas latinoamericanas es la falta de procesos rigurosos de revisión de antecedentes y de selección de las candidaturas en lo interno de los partidos políticos. Según un estudio realizado por Kevin Casas y Tomás Quesada, en nuestra región, los partidos tienen pocos filtros y siguen procesos informales y flexibles de selección de quienes aspiran a cargos de elección. En consecuencia, escrutar la trayectoria y las competencias de los candidatos queda fundamentalmente en manos de la prensa.
Tenemos muchos partidos políticos que no nos inspiran confianza, que construyen las listas electorales más o menos «en petit comité» mediante mecanismos de selección poco exigentes y rigurosos. ¿Qué podría salir mal?
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), consciente de que la transparencia y la información electoral fortalecen la democracia y contribuyen a restituir la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la institucionalidad, se esfuerza por traer luz a las campañas electorales.
En el 2010, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE asumió la tarea de recolectar la biografía de los candidatos y los planes de gobierno, con el fin de hacerlos públicos a través de su plataforma en línea.
El esfuerzo implicaba consultar por distintos medios formales e informales, con insistencia, a cada uno de los partidos o candidatos. Muchas veces las respuestas solo se daban como resultado de la presión de la prensa. Por otro lado, la información no se suministraba siempre completa, ni en un formato estándar, lo que hacía que la información publicada fuera incompleta e irregular.
La Asociación Poder Ciudadano ¡Ya! detectó el vacío legal que dificultaba esa labor. Un absurdo en una democracia antigua y respetable como la nuestra. El vacío atentaba contra los principios de transparencia, acceso a la información y publicidad intrínsecos a un sistema democrático.
Para remediarlo presentamos un proyecto de ley, llamado Mayor Información y Transparencia Electoral, que dispone la obligación legal de que, en el momento de la inscripción de candidaturas, los partidos suministren una breve biografía de cada persona y su respectiva fotografía.
Los candidatos a la presidencia de la República deberán entregar además el plan de gobierno. El formato será definido por el Tribunal Supremo de Elecciones en un reglamento. Esta disposición legal no impone nuevos requisitos para ser diputado o diputada.
La obligación de proveer y publicar la información y el consiguiente escrutinio ciudadano tienen el potencial de mejorar las decisiones internas en lo que respecta a las candidaturas por parte de los partidos políticos. Asimismo, esperamos que transforme la cultura electoral una vez que la ciudadanía se apropie de su poder de escrutinio y ejerza su voto de manera más consciente, informada y crítica.
Un electorado informado es como una póliza de seguro para la democracia. El derecho a conocer las calidades y trayectoria de quienes se postulan para ocupar cargos de elección popular es un derecho fundamental y facultativo de la ciudadanía. Es parte del derecho al acceso a la información pública, internacionalmente reconocido y componente esencial del Estado de derecho.
La publicación de esta información no es garantía de que los partidos de inmediato escogerán mejor a sus aspirantes, ni de que la ciudadanía sea automáticamente más exigente y selectiva. No obstante, es un incentivo para que los partidos depuren sus procesos de escogencia y para que se desarrolle una cultura política más activa, informada y exigente en la ciudadanía.
Lo anterior significa que en las elecciones de febrero del 2022, por primera vez, contaremos con la información y la transparencia suficientes para ejercer un voto informado, lo cual pareciera que será fundamental dada la sobreoferta de candidaturas. Además, la nueva ley es un recordatorio de que si se lo propone, la ciudadanía puede incidir en la toma de decisiones, proponer reformas y lograr cambios.
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La autora es administradora pública.
