EscucharEl pasado 15 de mayo se celebró el Día Internacional de la Familia, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para reconocer el papel esencial de las familias en la sociedad. El lema de este año (“Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil”) obliga a reflexionar sobre cómo la desigualdad deteriora las condiciones de vida de miles de hogares y compromete el futuro de la niñez.
Las crecientes brechas económicas no solo reducen oportunidades, sino que perpetúan la pobreza entre generaciones. El nivel de ingresos de los padres determina, en gran medida, el acceso a derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Cuando los ingresos son insuficientes o inestables, aumentan la ansiedad, los conflictos familiares y la incertidumbre cotidiana.
Debido al alto costo de la vida, muchas familias viven en condiciones de hacinamiento o en zonas de riesgo. A esto se suma la dificultad para garantizar una alimentación adecuada. La mala nutrición durante los primeros años de vida afecta de manera irreversible el desarrollo cerebral de los niños y provoca rezagos cognitivos que limitan sus posibilidades futuras. Asimismo, crecer en ambientes marcados por el estrés y la precariedad impacta negativamente la salud mental infantil, incrementando problemas como la ansiedad y la depresión.
Costa Rica no escapa a esta realidad. Aunque se afirma que la economía nacional mantiene estabilidad, el bienestar de los hogares más vulnerables se ha deteriorado profundamente. La pobreza infantil presenta cifras alarmantes que ponen en riesgo la histórica aspiración de equidad social del país. Actualmente, Costa Rica registra la tasa de pobreza infantil más alta de la OCDE.
En el país, uno de cada tres menores vive en condiciones de pobreza, lo que equivale aproximadamente a 257.000 niños. Muchas familias no logran cubrir la canasta básica alimentaria, situación que genera serias deficiencias nutricionales en gran parte de la niñez costarricense. Además, numerosas viviendas presentan condiciones de infraestructura deficientes.
A este panorama se suma la disminución de subsidios y programas sociales debido a los recortes presupuestarios. Programas como Avancemos redujeron su cobertura y dejaron por fuera a cerca de 57.000 estudiantes. Las consecuencias son profundas: aumenta el abandono escolar, se amplían las brechas educativas y crece el riesgo de trabajo infantil.
La situación actual debe llevarnos a una reflexión urgente. Si realmente creemos que la familia es una institución fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿por qué la estamos abandonando de esta forma?
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Rocío Solís Gamboa es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.
