Jorge Woodbridge. 20 mayo

Según la encuesta del primer trimestre del 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de la población de 3,8 millones mayores de 15 años, la fuerza de trabajo es de 2 millones, es decir, equivalente a una tasa de ocupación de un 53,6 % y una tasa de desempleo del 10 %.

De los que laboran, solamente el 60 % está asegurado, lo cual afecta los recursos de la CCSS y otros programas sociales. En cuanto a la composición por grado académico, el 9,7 % tiene primaria incompleta, el 26,4 % primaria completa, el 23,6 % secundaria incompleta, el 14,8 % secundaria completa, el 4,8 % universitaria sin título y el 20,7 % son universitarios con título.

Esta estructura significa que más de 1,2 millones (59,7 %) de la población ocupada no ha completado la secundaria. Otros datos relevantes del INEC y la Universidad Nacional es que el 50 % de los desempleados buscan trabajo en servicios, en tanto el 16 % en la industria, el 12 % en el campo y un 29 % en comercio y otros sectores. Los desempleados con estudios se están concentrando en comercio, derecho y ciencias sociales. La mayoría de los desempleados con título universitario son mujeres. La desocupación se sigue concentrando más en el área rural.

La tasa de desempleo abierto en el primer quintil es superior al 20 % y en el quinto quintil es de tan solo un 2 %. Igual sucede con la relación de ingresos entre quintiles donde las diferencias superan 10 veces.

Con este cuadro tan complejo, debemos analizar qué medidas deberíamos tomar como nación para corregir los problemas de empleo.

El desempleo causa exclusión social, falta de oportunidades y problemas sociales cada vez más complejos, como la delincuencia, el narcotráfico la violencia.

Como país debemos revertir estos números tan vergonzosos porque más del 40 % de los ingresos del gobierno los dedicamos a programas sociales y la pobreza no baja y la inseguridad ciudadana crece.

Tampoco podemos aceptar un mercado informal creciente que supera el 40 % de la masa laboral. Debemos mantener las transferencias condicionadas para que la gente más vulnerable salga de la pobreza dándole las herramientas para incorporarse a la fuerza de trabajo, becas para la capacitación, subsidios temporales mientras se capacitan, pero, ante todo, hacer cambios radicales en la educación para adaptar la oferta a la demanda de trabajo.

Recordemos también que el Estado debe crear las condiciones económicas y de fomento para que la empresa privada genere más y mejores empleos. Solo si el Estado estimula la inversión privada lograremos abatir el problema de desempleo. La empresa privada genera el 85 % del empleo formal. Pero en este campo, muy poco se ha hecho. Por ejemplo, debe bajarse racionalmente el impuesto sobre la renta a las utilidades para personas jurídicas, así se evitaría la evasión y la elusión. Además, analizar las cargas sociales correspondientes a la parte patronal porque ya no son sostenibles y bajar los altos costos de los servicios públicos y financieros.

Nuevas empresas. Un país con alto desempleo no debe crear cada día más trámites y poner obstáculos para quienes desean formar empresas. A pesar de la creación de la plataforma digital Crear Empresa, los problemas persisten porque cada vez aparecen nuevas reglas del juego, interpretaciones, reglamentos y leyes que imposibilitan la eficiencia.

El mejor ejemplo de las malas políticas es que un 85 % de las pymes desaparecen en un término de diez años.

Según el análisis del Banco Mundial en el Doing Business del 2018, de 190 países evaluados, Costa Rica está en la posición 127 en la apertura de un negocio, debido a la maraña de trámites que nos lleva a más de 22 días para establecer una simple empresa de servicios o de manufactura, con alto costo en tiempo y de desgaste.

Para la construcción, estamos en la posición 70 de 190, pues se requieren más de 17 procedimientos y 135 días, si se logra que la vialidad ambiental reciba un trámite expedito. En la obtención de un crédito estamos en la posición 12, en la protección de los inversionistas en la 119, en pago de impuestos en la 60, en comercio transfronterizo en la 73, en cumplimiento de contratos en la 129 y en la resolución de insolvencia en la 131.

Los problemas se centran en que municipalidades, instituciones autónomas, órganos desconcentrados y ministerios inventan nuevas normas y la Asamblea aprueba nuevas leyes que hacen más complejo desarrollar nuevos proyectos y crear empleos. No podemos hablar de generar nuevos puestos de trabajo si no logramos simplificar trámites, con reglas claras, que les permita a los empresarios planificar en forma simple la formalización de una empresa.

Educación. No cabe duda de que es un grave error cultural creer que todos los estudiantes están preparados para ser profesionales. En los países más competitivos se da una separación a partir del primer año del colegio entre lo técnico y lo académico. Costa Rica necesita más técnicos calificados en la nueva economía.

La revolución tecnológica es una realidad al igual que la globalización. Los avances tecnológicos están afectando a todos los trabajadores, los estudiantes, las empresas y la economía. La innovación tecnológica cada vez se hace más convulsiva en el territorio laboral. La inteligencia artificial, la robótica y la automatización requerirán cambios de paradigmas. La productividad va a estar vinculada a la dinámica de la educación.

Afianzar el recurso humano es una tarea prioritaria. No podemos seguir gastando más del 8 % del PIB en educación si los resultados no son los esperados. La inversión en educación es clave para lograr mejor empleo, sí, pero la educación de calidad, no el producto que están recibiendo nuestros estudiantes en escuelas y colegios, que no les permite ni siquiera pasar las pruebas PISA.

El manejo de herramientas tecnológicas y nuevos idiomas desde niños es imprescindible. Hoy, más que nunca, la educación debe ser ajustada a las exigencias del mercado y no mantener estructuras rígidas que no tiene relación con el nuevo modelo de desarrollo.

Debemos reinventarnos y ofrecer nuevas oportunidades a lo largo de toda la vida. Los avances tecnológicos ofrecen oportunidades sociales y económicas excepcionales. La educación dual es clave en esta nueva economía. Tenemos que mezclar la educación académica con la educación práctica. Hay que avanzar en un nuevo contrato de aprendizaje que beneficie al patrono y al trabajador.

Estos programas deben ser flexibles y no pueden estar ligados a leyes restrictivas que no son viables. Es importante que veamos la experiencia de Alemania y no sigamos inventando nuevas figuras.

El autor es ingeniero.