EscucharEn un país de 5,3 millones de habitantes, el hecho de que el parque vehicular sea de poco más de 3 millones de unidades, inevitablemente levanta unas cuantas cejas. Esto representa una relación cercana a dos vehículos por cada tres habitantes.
De esos vehículos, 821.347 corresponden a motocicletas inscritas, según cifras del Registro Nacional del 2024. Hago la salvedad de que son motocicletas inscritas, pues el número de motos y bicimotos que circulan en el país probablemente sea mayor: los datos no son del 2025, no todas las motos están debidamente registradas y, en el caso de las bicimotos, todavía no es obligatorio inscribirlas ante las autoridades competentes.
Cada vez es más común ver en los cruces regulados por semáforos un nutrido grupo de motos y bicimotos que se amontonan al borde de la zona peatonal, si es que esta existe, después de zigzaguear entre los carros que esperan el cambio de rojo a verde.
Del 2022 al 2023, el número de motos registradas creció un 30%. Del 2023 al 2024, ese número volvió a crecer un 50%, de acuerdo con datos del Registro Nacional. En lo que llevamos del 2025, se han inscrito 176 motos por día.
El incremento en la cantidad de este tipo de vehículos tiene múltiples explicaciones: menor costo de adquisición, oportunidades laborales en el negocio de entregas, una alternativa para sortear las presas de nuestras carreteras ya saturadas y un menor consumo de combustible gracias a sus motores más pequeños.
Cifras alarmantes
El reverso de esta moneda es el aumento significativo de accidentes de motociclistas. Los datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) del 2024 indican que casi dos terceras partes de los lesionados en accidentes de tránsito fueron motociclistas. Y si hablamos de fallecimientos en carretera, poco más de la mitad de quienes perecieron en este tipo de accidentes viajaban en moto.
Más de la mitad de los accidentados fueron hombres de entre 18 y 37 años, en plena edad productiva, según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Esta misma entidad reportó que la mayoría de estos conductores no usaban casco ni contaban con licencia de conducir. Estos incidentes representaron más de medio millón de días de incapacidad, lo que acarrea costos para el trabajador, el patrono y la productividad del país.
Léase bien: más de la mitad de los accidentados no usaba casco ni consideró importante contar con la licencia de conducir (y la capacitación que esta implica). Esa actitud temeraria y desafiante de muchos motociclistas es culturalmente inaceptable, y como sociedad debemos corregirla con urgencia.
Tanto el Instituto Nacional de Seguros (INS) como el Cosevi están implementando medidas para enfrentar el creciente número de afectados. El INS valora un aumento del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), parte del costo del marchamo, para cubrir los gastos derivados de estos accidentes. Todos los conductores nos vemos obligados a contribuir de manera obligatoria debido a la conducta de algunos motociclistas. El Cosevi ha diseñado un curso teórico específico para motociclistas con el fin de reducir los niveles de siniestralidad y muerte en carretera. Desconozco si este curso ya se imparte, pues no he encontrado información que confirme su implementación.
Si queremos reducir los efectos de la siniestralidad en accidentes de moto, ¿por qué los cascos de seguridad y otras prendas, como chaquetas protectoras, rodilleras y coderas, tienen un 30% de impuesto de importación? Reducir el costo de estos insumos incentivaría su adquisición y, más importante aún, su uso permanente. El equipo de seguridad, bien utilizado, disminuye significativamente las lesiones graves en caso de accidente (lo digo con conocimiento de causa: en el 2016 sufrí un accidente grave por la imprudencia de un conductor de un Land Rover Discovery, y fue mi equipo de protección el que evitó consecuencias más graves).
Pero ¿qué hacemos con los motociclistas imprudentes que hacen de nuestras calles su parque de diversiones, sin reparo por la seguridad de los demás? ¿Qué hacemos cuando las leyes de tránsito son vistas como simples sugerencias por estos audaces en dos ruedas, convencidos de que nunca les ocurrirá nada? Basta un solo incidente para convertir la audacia en tragedia, tanto para el conductor como para su familia.
Una vigilancia más intensiva de la Policía de Tránsito en carretera es una parte de la solución. Pero la seguridad vial debería inculcarse desde la etapa escolar y continuar hasta el final de la educación básica. Los accidentes en nuestras carreteras no son eventos aislados: tienen consecuencias reales en la productividad del país, en los ingresos de los hogares y en la empleabilidad de hombres jóvenes que, lamentablemente, se juegan su futuro siendo imprudentes por desconocimiento o con premeditación.
dvargascri@outlook.com
David Vargas es periodista, fotógrafo y estratega digital. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UCR y posee un máster en Periodismo de la Universidad de Missouri Columbia. Ha ejercido como periodista, director de fotografía, jefe de prensa, profesor universitario, estratega de social media y creador de contenidos en Costa Rica, Estados Unidos, Rusia y Ucrania.
