Inicialmente, es importante tomar en cuenta el marco jurídico-legal que rige en el país para efectos de estos asuntos. La educación es un derecho de todas las personas y, a su vez, juega un rol en la promoción de los derechos humanos en la sociedad, de acuerdo con las disposiciones y derivaciones del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966, ratificado por la Asamblea Legislativa el 11 de diciembre de 1968, así como del artículo 1 de la Ley N.° 2160 (Ley Fundamental de Educación).
Asimismo, en cuanto a nuestra Constitución Política, hay tres artículos cruciales para entender cómo se manejan los aspectos educativos a nivel nacional. Primero, el artículo 78 señala que se debe invertir en la educación no menos del 8% del presupuesto estatal. También se establece que la educación preescolar, general básica y diversificada es obligatoria y, en el sistema público, gratuita y costeada por el país.
Segundo, el artículo 84 estipula que las universidades públicas tienen autonomía (es decir, independencia para llevar a cabo sus funciones, organizarse y gobernarse), así como plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones (es decir, la capacidad de ser sujetos de derechos y deberes dentro de nuestro ordenamiento jurídico).
Finalmente, tenemos el artículo 85, del cual se deriva la creación de un Fondo Especial para la Educación Superior que sirva de financiamiento y sostenimiento de las universidades públicas.
El marco legal mencionado es fundamental para efectos de entender las obligaciones que tendrá, al igual que los anteriores, el próximo gobierno de la República en términos de educación. Si lo quisiésemos sintetizar, serían cuatro puntos relevantes:
- Entender la educación como un derecho de todas las personas
- Garantizar el debido apoyo económico al sistema nacional de educación desde preescolar hasta educación diversificada.
- Respetar la autonomía de las universidades públicas y su independencia para administrar, gobernar y organizar sus políticas internas
- Cumplir con los mandatos constitucionales relacionados con la educación.
A estos anteriores, yo agregaría uno más: escuchar activamente a las personas del sector educativo. No se puede hablar de educación si no se incorpora a las personas estudiantes, docentes, funcionarias administrativas y organizaciones sindicales, entre otras.
Es crucial involucrar activamente a la sociedad civil en el diálogo cívico en favor de la educación. De hecho, ya existen iniciativas impulsadas conjuntamente por el sector académico y movimientos sociales, como el Pacto por la Educación Pública, firmado durante la pasada campaña electoral por seis candidaturas (entre las cuales, lamentablemente, no figuró la hoy presidenta electa). Espacios de este tipo deben incorporarse de manera activa si realmente se desea encontrar caminos para superar la crisis educativa.
Durante estos cuatro años, hubo un marcado desinterés del gobierno de Rodrigo Chaves por atender los retos del sistema educativo, comenzando por la falta de voluntad política para garantizar el financiamiento de la educación conforme a lo establecido en la Constitución.
Esto resulta especialmente preocupante no solo por lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo encabezado por Laura Fernández (quien fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica, y posteriormente, ministra de la Presidencia en la actual administración), sino también por el papel que tendrá el Poder Legislativo. Conviene recordar, por ejemplo, a Nogui Acosta, diputado electo por el PPSO, futuro jefe de fracción y exministro de Hacienda del actual gobierno, quien se negó a girar el 2% adicional para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado por la Asamblea Legislativa durante la tensa negociación de 2024. También a Anna Katharina Müller, exministra de Educación y diputada electa por el mismo partido, quien fracasó en concretar y diseñar la llamada “Ruta de la educación”.
Ante lo anterior, como estudiante universitaria, pero también como ciudadana preocupada por el futuro de la educación de nuestro país, le deseo preguntar a doña Laura Fernández: el FEES y el 8% para la educación, ¿dónde quedarán? ¿Será esto prioridad en su gobierno, o será otra vez el brutal recorte a la educación uno de sus objetivos? ¿Cumplirá con la Constitución? ¿Escuchará y cumplirá con las peticiones del sector educativo y la sociedad civil?
Por ahora, no sabemos las respuestas. Pero lo que sí sabemos, como pueblo costarricense, es que, pase lo que pase, hay que estar vigilantes. Hay que resistir a los potenciales recortes (si es que se hacen, lo cual lo veo muy probable). Y, sobre todo, cuidar nuestra educación para las generaciones presentes y futuras.
Sin importar si provenimos de la educación pública o privada, todas las personas en la tierra del trabajo y la paz tenemos derecho a una educación de calidad y el deber de defenderla y garantizarla. El primer paso es sumar nuestra voz a la defensa de este cimiento de la democracia en un país que cambió las armas por los lápices y los cuarteles por las aulas.
m.ulethp@gmail.com
Mia Fink Uleth es activista por los derechos humanos y estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica.
