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Costa Rica es líder en diversas áreas de las relaciones internacionales, incluida la sostenibilidad. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el derecho a un ambiente saludable y equilibrado, en julio del 2022, un hito en la protección de los recursos naturales de las presentes y futuras generaciones.
Asimismo, existe una vigorosa actividad internacional en los diferentes convenios y procesos en los cuales el país es parte, entre estos, donde normalmente se crean instancias para la toma de decisiones, como la Conferencia de las Partes, y múltiples órganos subsidiarios, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestres (Cites).
El esquema se repite en diferentes áreas temáticas (biodiversidad, químicos, atmósfera, mares). Si bien algunos compromisos son calificados dentro del denominado “derecho blando” porque no imponen obligaciones exigibles o vinculantes, se debe entregar reportes cada cierto tiempo, según lo previsto en cada tratado ambiental.
Es necesario conocer cuál es el proceso de generación de la diplomacia ambiental y sus potenciales implicaciones, especialmente, en vista del creciente número de foros y nuevas conversaciones orientadas a finalizar con acuerdos vinculantes.
Así tenemos, de manera reciente, el lanzamiento de una iniciativa en el marco de la Asamblea General Ambiental (UNEA) para negociar un tratado jurídicamente vinculante para combatir la contaminación causada por plásticos (marzo del 2022); el llamado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para una conferencia diplomática con el fin de adoptar un instrumento sobre recursos genéticos, propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (julio del 2022); y los procesos en curso para contar con un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la conservación y el uso de la biodiversidad en áreas fuera de toda jurisdicción nacional en el contexto del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de un acuerdo internacional para atender las pandemias bajo la órbita de la Organización Mundial de la Salud.
En total, un cálculo conservador de convenios y foros ambientales (multilaterales y regionales) resulta en más de 30. Una caracterización documental basada en recopilación y análisis es difícil; sin embargo, algunas reflexiones generales al respecto son las siguientes:
Liderazgo en negociaciones. El proceso de negociación es conducido primordialmente por el ministerio o entidades que por su naturaleza están directamente involucradas en la temática. En años recientes se nota un mayor apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto —que cuenta con un Departamento de Ambiente y Desarrollo Sostenible—, incluidas las embajadas. A diferencia de otros países, la Cancillería apoya los procesos sin que necesariamente sea el líder en estos.
Ausencia de protocolos. No existe, sin embargo, un protocolo o documento que guíe las negociaciones. De ahí que se distingan por una gran heterogeneidad.
Consultas a actores. La participación, en nuevos procesos o reuniones ordinarias de convenios o foros, puede estar precedida de consultas especialmente dentro del sector público. No obstante, el alcance y naturaleza resulta muy variado y no se cuenta con una metodología estandarizada para identificar actores externos, por ejemplo, del sector privado, organizaciones no gubernamentales u otros.
Estas consultas pueden ocurrir o no, según se determine en cada caso. En ocasiones se convocan sesiones de trabajo para determinar posiciones nacionales, pero estas no constituyen una regla.
Asistencia de expertos. Reuniones con expertos y búsqueda de asesoría especializada se define en cada situación, dependiendo de la complejidad de los tópicos.
Integración de delegaciones. Las conforman actores estatales de la Cancillería y ministerios pertinentes, pero pueden incluir a otros miembros como apoyo, especialmente de la sociedad civil.
Experiencia en consulta y negociaciones. No es frecuente que los delegados del Ministerio de Ambiente y Energía tengan preparación en técnica de negociación, por ejemplo, este ministerio no tiene un departamento o unidad de convenios ambientales, como ocurre en otros países. Por su parte, los funcionarios de Relaciones Exteriores no están siempre suficientemente familiarizados con acciones o planes de consulta.
Rendición de cuentas y retroalimentación. La rendición de cuentas de resultados intermedios o finales es limitada, usualmente toma la forma de informes de misión o similares y no se dirigen a otros actores involucrados o afectados por las negociaciones. En este sentido, la retroalimentación suele ser igualmente limitada, aunque no existe un patrón único.
De cara a los procesos en curso en los diferentes convenios, así como las negociaciones que se avecinan, conocer y mejorar la generación de las posiciones nacionales es un imperativo para el país.
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica. Ha escrito siete libros, entre ellos, “Bioderecho: propiedad intelectual, comercio y ambiente: posibilidades y opciones para establecer sinergias entre los sistemas de propiedad intelectual y los tratados ambientales”. Es columnista de La Nación desde el 2008.
