Desde 2006, la fundación alemana Bertelsmann elabora cada dos años un “índice de transformación”, conocido como Bertelasmann Transformation Index (BTI). Es un metódico trabajo que analiza si los países en desarrollo o “transición” caminan hacia la democracia y la economía de mercado, y de qué forma lo hacen (o no).
La evaluación la realizan decenas de expertos, a partir de 17 criterios y 49 indicadores. Con base en ellos, construyen dos índices: uno de “Estatus” y otro de “Gobernanza”. El primero valora los avances políticos y económicos, en el marco de la democracia y el Estado de derecho; el segundo, la calidad del liderazgo político que dirige los procesos de transformación.
Con estos insumos, generan detallados informes individuales de 137 países y otro global, que sintetiza los hallazgos generales. El de este año se titula La represión contra la resistencia y fue coeditado junto al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Buenos Aires.
Su gran conclusión es que continúa “la erosión global de los estándares democráticos y la economía de mercado”. Sin embargo, también se ha activado la resistencia contra esa tendencia.
Buenas, malas y pésimas
Desde la primera edición del BTI, Uruguay, Chile y Costa Rica han estado entre los 15 países mejor valorados. Ahora no ha sido la excepción. Sin embargo, nuestro informe nacional alerta sobre un conjunto de graves desafíos. No sorprenden, pero al analizarlos en un contexto internacional y compararlos con los anteriores, adquieren un carácter revelador y perturbador. Además, el cierre de la recopilación y análisis de datos fue el 31 de enero del año pasado y, desde entonces, los retos y riesgos han aumentado.
Una buena noticia es que en la dimensión de “transformación económica”, uno de los dos componentes del Índice de Estatus, subimos de la posición 15 en 2024 a la 14; además, la nota, de 8,07 sobre 10, mejoró 0,21 puntos. Pero la acompaña una mala: en transformación política, su otra dimensión, el puntaje cayó de 9,05 a 8,90, y del sétimo puesto bajamos al noveno. Aun así, el promedio de ambos componentes hizo que ese índice mejorara imperceptiblemente (8,49 puntos frente a 8,45), y que ascendiéramos un escalón, hasta el puesto 11.
La noticia sobre el Índice de Gobernanza, en cambio, es pésima, no en relación con el conjunto, sino con los estándares nacionales. Logramos apenas 6,7 puntos, frente a 7,10 en 2024, y sufrimos un desplome del puesto 6 al 12.
Son señales de alarma, sobre todo al considerar, como afirma el reporte, que “Costa Rica ha sostenido el más longevo sistema presidencialista continuo en el hemisferio occidental después de Estados Unidos”. La continuidad del régimen no está en entredicho; su plenitud democrática, sí.
Fortalezas y amenazas
En nuestro país, las libertades civiles y políticas, el Estado de derecho, la separación de poderes, la pulcritud y eficacia del sistema electoral, el respeto a la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la independencia de los tribunales, de la fiscalía y de las instituciones de control aún gozan de buena salud. También la disfrutan las organizaciones de la sociedad civil. En conjunto, crean un sólido tejido democrático.
En julio del pasado año, el Banco Mundial nos subió a la categoría de ingreso alto. Los índices de progreso humano son, en general, elevados. Todo ello lo documenta el BTI. En cambio, destaca que la transformación política “enfrenta desafíos negativos”, y alerta también sobre señales de deterioro en varios de los 17 criterios analizados.
El crecimiento es robusto, pero no equitativo. Durante años se ha acentuado la dualidad económica entre la “Costa” y la “Rica”.
La pobreza ha bajado, pero con grandes diferencias geográficas. El desempleo es menor, pero no porque haya crecido la oferta de trabajo, sino por la reducción de la fuerza laboral, que presenta notables desigualdades por sexo y edad.
Como resultado, se han mantenido o acentuado las desigualdades sociales, territoriales, de oportunidades y de acceso a servicios públicos de calidad. También han aumentado las fracturas políticas.
La mayor recaudación y el alivio logrados tras la legislación fiscal de 2018 se han diluido. En ausencia de una reforma integral del Estado, el Ejecutivo ha optado por recortes que afectan áreas esenciales de nuestro pacto social: educación, salud y transferencias a poblaciones vulnerables.
La inseguridad pública se ha vuelto casi epidémica, en particular por el salto en la tasa de homicidios y las pugnas entre narcotraficantes.
Si añadimos la incertidumbre en el comercio internacional, los retos ambientales y tecnológicos, y el impacto de la guerra contra Irán, el resultado es en extremo inquietante.
Una mala ruta
Para gestionar estos desafíos, las muchas fortalezas inerciales del país no bastan. Requerimos políticas públicas lúcidas, cooperación entre sectores, diálogo político, coordinación institucional y dirección estratégica.
El presidente Rodrigo Chaves sustituyó esas vías por la confrontación, el ataque a los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y los órganos de control. La emprendió contra los periodistas y la prensa independientes, y construyó un ecosistema de comunicación propio o con medios que van desde afines hasta temerosos.
Todo lo anterior ha reducido la capacidad de gestión pública para generar progreso o, al menos, evitar deterioros. Además, se inscribe en la “lógica del retroceso populista-autoritario” que destaca el reporte global del BTI. Según su libreto, el asedio a los mecanismos de control precede los intentos por debilitar la separación de poderes y concentrarlo en el Ejecutivo, como parte de una erosión más amplia del Estado de derecho.
Desde su primer párrafo, el reporte país plantea una alerta sobre Costa Rica: “La preocupación por el retroceso democrático ha aumentado a medida que el Ejecutivo ha confrontado agresivamente el sistema de pesos y contrapesos”, y que “se ha intensificado la polarización social y política”. Esto fue al cierre del 31 de enero de 2025. Nada ha mejorado desde entonces; al contrario.
Las elecciones de febrero, pendientes al escribirse, el informe las calificó como “un punto de inflexión crucial para el futuro democrático del país”. Su resultado lo conocemos: Laura Fernández presidenta, con mayoría legislativa.
Con más poder político que Chaves, la clave estará en cómo lo utilizará: si con apertura a diálogos, acuerdos y respeto institucional, o con un recrudecimiento de la agresividad, el populismo, el centralismo y los ímpetus hegemónicos.
Esta es la gran interrogante actual para nuestra convivencia democrática, gobernabilidad y desarrollo.
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.