Lo logramos, somos un país de ingreso alto. Este 1.º de julio, el Banco Mundial anunció los nuevos umbrales para las diferentes categorías de países, según sus niveles de ingreso nacional bruto (INB) per cápita.
Así, para el actual año fiscal 2026, las economías de bajo ingreso se definen como aquellas con un INB per cápita, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial, de 1.135 dólares o menos en el 2024; las economías de ingreso mediano-bajo son aquellas con un INB per cápita comprendido entre 1.136 y 4.495 dólares; las de ingreso mediano-alto son aquellas con un INB per cápita de entre 4.496 y 13.935 dólares; y las de ingreso alto, aquellas con un INB per cápita superior a 13.935 dólares.
El INB per cápita de Costa Rica, según las cifras del Banco Mundial, es de US$15.620, lo cual supera el umbral requerido por el organismo en US$1.685. Por lo tanto, Costa Rica ya se clasifica como país de ingreso alto. Este resultado es producto de un crecimiento sostenido en nuestra productividad, principalmente a partir del año 2005, según lo muestran diversos estudios de la Academia de Centroamérica, del Banco Central de Costa Rica, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De esta forma, nuestra economía fue, hasta hace poco, de ingreso medio-alto, y logró crecer de manera sostenida desde la década de los 90, salvo por la crisis financiera mundial del 2008 y la crisis de la covid-19 en el 2020, llegando a convertirse al día de hoy en una economía de ingreso alto.
¿Cómo llegamos aquí?
La productividad laboral en Costa Rica muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo 1991-2024, con una aceleración a partir del 2005. Este incremento en la productividad se asocia a un desarrollo humano en la categoría “muy alto”, gracias a su larga tradición de invertir en la educación y la salud de su población. Por ejemplo, entre 1990 y el 2021, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica cambió en 0,4 años; la media de años de escolaridad, en 2,6 años, y los años esperados de escolaridad, en 6,8. Todos estos resultados le han permitido al país disponer de un capital humano de media y alta calificación, facilitando el aprovechamiento de reformas estructurales adoptadas durante este periodo para el incremento de la productividad.
Algunos estudiosos plantean como hipótesis que el punto de inflexión del crecimiento de la productividad laboral en el 2005 puede asociarse a una mayor inserción de empresas nacionales en la venta de bienes y servicios sofisticados para la exportación, a la mayor atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología y al crecimiento continuo de encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y compañías proveedoras locales. A lo anterior se suma también la liberalización del mercado de telecomunicaciones y de seguros, que impactan positivamente la productividad.
¿Qué implica ser un país de ingreso alto?
De acuerdo con la experiencia internacional, ser un país de ingreso alto tiene implicaciones económicas, en ayuda oficial para el desarrollo y en políticas públicas. Esta nueva calificación del país mejora la percepción de estabilidad macroeconómica y credibilidad institucional; es decir, mejora nuestra reputación y confianza internacional, y aumenta la confianza de inversionistas extranjeros y multilaterales. Por otra parte, mostramos una mayor expectativa en calidad institucional; esto quiere decir que incrementamos las expectativas en cuanto a gobernanza, transparencia y sostenibilidad fiscal.
Pero también implica mayores responsabilidades, ya que podríamos enfrentar cambios en los costos de financiamiento y reducción del acceso a financiamiento concesional, lo que podría traducirse en mayores tasas de interés y condiciones menos favorables de crédito externo. Todo lo cual nos obliga a depender cada vez más de nosotros mismos y a ser sumamente cuidadosos respecto a las razones por las cuales pedimos prestado (ojalá, principalmente, para inversión en educación, salud e infraestructura).
Asimismo, enfrentamos el hecho de que ahora tenemos menos acceso a la ayuda oficial para el desarrollo. De esta manera, se nos reducen las posibilidades de contar con cooperación internacional no reembolsable, y también podría disminuir la asistencia técnica y financiera de donantes bilaterales y multilaterales. Igualmente, perderíamos acceso a fondos internacionales destinados a países de menor ingreso, incluyendo reducción de acceso a financiamiento climático concesional.
Ejemplos de estos impactos en otros países de América Latina que han alcanzado el estatus de ingreso alto, nos dicen que pongamos las barbas en remojo. Por ejemplo, Chile perdió acceso a ciertos fondos climáticos tras ser clasificado como de ingreso alto; Uruguay debió redirigir sus esfuerzos hacia acuerdos de cooperación Sur-Sur; y Panamá ha tenido dificultades para mantener apoyo multilateral en programas sociales.
¿Qué debemos hacer ahora?
Todo lo anterior implica que debemos revisar nuestras políticas públicas, incluido nuestro modelo de desarrollo, moviéndonos cada vez más hacia una estrategia enfocada en productividad, innovación y sostenibilidad. Solo así podremos hacer frente a la desigualdad y las brechas internas que aún enfrentamos.
Así las cosas, a pesar de nuestra larga tradición de invertir en el desarrollo de nuestros compatriotas (educación y salud), al menos hasta hace unos tres años, y del logro de llegar a ser un país de muy alto desarrollo humano, de acuerdo con el índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas, no debemos olvidar que enfrentamos importantes retos, que demandan poner manos a la obra en muchos campos en los cuales seguimos con serios problemas. Por ejemplo, el importante nivel de desempleo (7,5%) y los persistentes niveles de pobreza (20,5%) y de pobreza extrema (5,9%), así como una alta desigualdad (coeficiente de Gini de 0,503). Sin olvidar tampoco la dualidad productiva entre el régimen de zonas francas y el régimen definitivo, la cual solo podremos enfrentar exitosamente si logramos diseñar e implementar políticas de desarrollo productivo que aumenten nuestra capacidad de innovación, consiguiendo así la transformación productiva de los sectores tradicionales que operan en el régimen definitivo.
En términos generales, nuestra historia reciente nos dice que no lo hemos hecho tan mal en las últimas décadas, después de la crisis de los años 80, pero aún tenemos una importante agenda por delante para llegar a ser una sociedad más próspera y equitativa. No se trata de cambiar de modelo de desarrollo; se trata de mejorar el que tenemos, en un entorno democrático y de economía de mercado. Para ello, el diálogo entre el sector público y el privado es fundamental. La clave para hacer crecer la productividad de nuestras empresas –y, por ende, de la economía como un todo– es mejorar el acceso al conocimiento de manera compartida. La participación tanto del Gobierno como del sector productivo y la academia es vital.
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Ricardo Monge González es presidente de la Academia de Centroamérica.