
El viernes 20 de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por mayoría de 6 a 3, decidió reasumir plenamente sus funciones y derogar los aranceles generales decretados por Donald Trump el 2 de abril de 2025.
Ese día, que bautizó como Liberation Day, el presidente impuso un 10% de impuestos aduaneros base –que llamó recíprocos– a todos los países, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Entraron en vigor en agosto.
Muy pronto los incrementó en cinco puntos porcentuales más para Costa Rica, contra lo dispuesto por nuestro Tratado de Libre Comercio.
En esencia, los magistrados determinaron que la legislación aducida por Trump para fundamentar su decisión no contempla, en el repertorio de medidas posibles, establecer impuestos mediante decreto ejecutivo. La potestad es exclusiva del Congreso. La resolución, sin embargo, no afecta cargas a productos y socios comerciales específicos, debidamente justificadas y amparadas en otras normas.
De inmediato, Trump anunció que utilizaría una opción contemplada por la Ley de Comercio de 1974, y reactivaría los aranceles generales por el máximo de 150 días que permite esa legislación. Luego dijo que los elevaría al 15%. La renovada tasa del 10% rige desde el martes; su incremento aún no se ha aplicado.
Grave revés e incertidumbre renovada: así puede sintetizarse el impacto del fallo judicial. Su onda expansiva inmediata conmueve los ámbitos comerciales y económicos en general. La atención se ha centrado en ellos. Sin embargo, tan o más importantes son sus repercusiones políticas, dentro y fuera de Estados Unidos.
Balance de poderes
A lo interno, la repercusión de mayor relevancia es que ha sido fortalecida la independencia de poderes y, con ella, los pesos y contrapesos democráticos, que Trump ha debilitado sin pausa, a menudo con la aprobación de la Corte Suprema y la docilidad legislativa.
En esta oportunidad, tres magistrados conservadores, dos de ellos nombrados durante su primer mandato, se sumaron a los liberales para ponerle freno. El mensaje es claro: no puede contar siempre con nosotros; existen límites que estamos dispuestos a marcar. Se reafirma así la voluntad de independencia, al menos en casos extremos, del máximo órgano judicial, un principio clave en el ordenamiento constitucional del país y de cualquier democracia funcional.
La decisión también ha reafirmado el papel de un Congreso que, hasta ahora, ha sido en extremo tímido en ejercer plenamente sus tareas ante la “Presidencia imperial” descrita en 1973 por el historiador Arthur M. Schlesinger Jr., y que Trump encarna con deleite.
En esencia, el fallo judicial recuerda que las decisiones impositivas generales solo corresponden al Poder Legislativo, e implícitamente le dice que debe ejercerlas, no cederlas.
Una opinión concurrente del magistrado Neil Gorsuch, nombrado por Trump y juramentado en 2017, tiene particular relevancia en este sentido. En esta, reconoce que el proceso legislativo puede ser “lento y frustrante”, pero añade que, gracias a él, “la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o un hombre. Allí, la deliberación modera los impulsos y el compromiso transforma los desacuerdos en soluciones viables”.
Es algo, por cierto, a tener muy presente en Costa Rica.
Pronto los magistrados deberán pronunciarse sobre otros dos relevantes casos relacionados con el poder presidencial. Uno se refiere a la constitucionalidad de su decreto para eliminar la ciudadanía por nacimiento sin distingos de paternidad; el otro, a la destitución, por supuestas causas no relacionadas con su labor, de Lisa Cook, parte del Directorio de la Reserva Federal (banca central).
Muchos expertos legales consideran que la Corte se inclinará por bloquear ambas disposiciones, lo cual daría más impulso al fortalecimiento del necesario y debilitado balance de poderes.
Actitudes y elecciones
También es posible que el fallo de la pasada semana dé aliento a quienes, dentro del gobernante Partido Republicano, cuestionan muchas de las decisiones presidenciales, pero hasta ahora han sido acríticos ante ellas. Esto podría erosionar el dominio de Trump sobre la agrupación.
Está por verse, además, cómo el fallo incidirá en las elecciones de medio periodo, por celebrarse en noviembre. Al debilitar dicho fallo la imagen de fortaleza y los instrumentos de poder del presidente, tanto dentro como fuera de su “tribu” política, quizá esto se constituya en otro factor de debilitamiento electoral republicano.
David French, columnista del diario The New York Times, mencionó en un reciente artículo otro posible impacto de importancia, con irradiaciones externas. Considera que, a menor discrecionalidad presidencial en materia impositiva, menores serán sus posibilidades de utilizar ese recurso para penalizar adversarios y premiar aliados o socios de negocios, sea dentro o fuera del país. Esto reduciría la tentación de traficar influencias.
Repercusiones globales
Las repercusiones externas de la sentencia, además del shock de renovada incertidumbre sobre un orden comercial global alterado, también serán sustantivas.
Por la falta de controles que había disfrutado hasta ahora en el ejercicio de su poder presidencial en comercio, Trump ha podido convertir los aranceles en eficaces armas para presionar Gobiernos, no solo en asuntos comerciales, sino también políticos, de seguridad y hasta legislativos y judiciales. Es decir, han sido un robusto instrumento de intervención.
Recordemos cuando presionó a Brasil, aunque sin éxito, por el proceso por sedición seguido contra el expresidente Jair Bolsonaro, uno de sus aliados políticos. Recordemos también las amenazas a los países de la OTAN que se solidarizaron con Dinamarca –miembro fundador de la alianza– en el rechazo a sus pretensiones territoriales sobre Groenlandia, que es territorio danés.
Al perder la capacidad de utilizar el recurso arancelario sin controles y a discreción, también perderá eficacia como herramienta de compulsión múltiple y expedita de impacto global.
En el mejor de los casos, aunque en extremo dudoso, el resultado podría ser un incentivo para mayor respeto a un orden internacional sustentado en reglas claras, legítimas y predecibles. En el peor, sin embargo, podría desatar actitudes y decisiones aún más temerarias por parte de Trump.
Todo sistema, no importa a qué escala, se compone de partes, actores y procesos en constante interacción. Por esto, un cambio relevante en cualquiera de ellos repercutirá en la totalidad; más aún si se origina en una pieza del engranaje tan relevante como Estados Unidos. Es desde esta óptica que debemos escrutar la decisión sobre los aranceles y sus repercusiones múltiples dentro y fuera del país. La acción apenas comienza bajo el nuevo libreto.
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
