La experiencia internacional indica que los ajustes fiscales basados mayormente en recortes de gasto son más eficaces para estabilizar las finanzas estatales y tienen un efecto mucho menos perjudicial en la economía que aquellos consistentes en aumento de impuestos. Plantear lo contrario —como la fallida propuesta del gobierno para el FMI— es atentar contra la evidencia.
La semana pasada señalé tres medidas del lado del gasto que debemos considerar: reestructuración-reingeniería de la deuda pública en manos de entes estatales, reforma del empleo público que incluya a los empleados actuales siguiendo los lineamientos esbozados por el constitucionalista Rubén Hernández y la suspensión del pago del salario escolar en cumplimiento de la regla fiscal, que ordena no dar aumentos salariales a los funcionarios cuando la deuda supere el 60 % del PIB.
Hay más. Un estudio del BID y el Banco Mundial estimó que un sistema integrado de compras para el sector público podría generar una economía del 0,8 % del PIB anual. Pero cifras del mismo Ministerio de Hacienda indican que el ahorro potencial alcanzaría hasta un 1 %. Esta es una reforma que no admite más demoras.