Juan Carlos Hidalgo. 8 septiembre, 2019

La aprobación del proyecto de regulación de huelgas es un recordatorio muy oportuno de que el país tiene la capacidad de hacer reformas que nos saquen del atolladero. No es para menos. El texto ya traía aspectos apropiados, pero la inclusión de la moción que suspende el pago de salarios durante las huelgas plantea un cambio fundamental en la relación de fuerzas con los sindicatos del sector público.

Lo que hace particular a dicha enmienda no es que sea desmesurada o draconiana. Como se argumentó en repetidas ocasiones, es la norma en casi todos los países y es acorde con los principios de la OIT. Eso debió haber bastado para zanjar el debate. Aun así, causó grima, incluso en sectores dizque moderados de la opinión pública. La razón es muy sencilla: la moción atenta contra la idiosincrasia del "nadadito de perro", de tratar de quedar bien con todos sin resolver nada y contentarse con hacer las cosas a medias.

Amén de lo que determine la Sala Constitucional, la atención debe volcarse a las reformas siguientes, que no son pocas. En las discusiones, debe prevalecer el mismo espíritu pragmático de resolver los problemas desde la raíz, sin medias tintas. De primera, está la reforma al empleo público, un proyecto que ofrece grandes oportunidades de ahorro para el fisco. El Mideplán presentó escenarios sobre el impacto que tendría en las finanzas públicas. En algunos casos, las erogaciones más bien aumentarían a corto plazo y los ahorros se materializarían dentro de una década. Los diputados deben tener presente que la situación fiscal continúa deteriorándose, por lo tanto, la apuesta debe ser por el escenario que garantiza recortes de gasto desde el primer año. Es más, esta reforma es la ocasión propicia para plantear la eliminación del salario escolar, un privilegio del sector público que nos sale muy caro.

También están pendientes ajustes a las contribuciones de la CCSS para incentivar la formalidad y la generación de empleo, y poner tope a las pensiones de lujo. No podemos descuidar la bomba de tiempo que es el ICE, la cual debe desactivarse cuanto antes, so pena de afectar aún más las tarifas eléctricas. Nada de esto es fácil. La clave radica en que las autoridades olviden el “nadadito de perro” y le tomen el gusto a una agenda ambiciosa de reformas.

El autor es analista de políticas públicas.