Los síntomas eran visibles desde hace tiempo, pero el caso del cemento chino vino a confirmar el temido diagnóstico: tenemos un cáncer en el Poder Judicial. Es difícil exagerar la gravedad del problema, ya que no estamos ante un órgano cualquiera del sector público. La entereza de las cortes es un elemento neurálgico del Estado de derecho. Si la población pierde la confianza en cómo se administra la justicia, la democracia queda vulnerable a populismos autoritarios.
Es ingenuo pretender que el Poder Judicial sea incorruptible. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, advirtió lord Acton. Por su naturaleza de árbitro final de las disputas que surgen en la sociedad, es previsible que los encargados de impartir justicia se vean expuestos a las mismas tentaciones del poder que enfrentan quienes ostentan cargos en el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos ante seres de carne y hueso.
El quid del asunto es que, para ser independiente de las presiones políticas, el Poder Judicial cuenta con una férrea autonomía administrativa y presupuestaria. Sin embargo, esto también crea incentivos perversos: no solo los magistrados están a cargo de sus propios procesos disciplinarios, sino que también deciden el monto de sus remuneraciones sin ningún tipo de control externo. Es decir, en ciertas situaciones son juez y parte. No debe sorprendernos que esto haya dado paso a serias irregularidades y abusos como los que han trascendido en los últimos meses.
Resulta de vital importancia que definamos pronto una hoja de ruta para sanear el Poder Judicial. La salida de varios magistrados –la mayoría con odiosas pensiones de lujo– representa una magnífica oportunidad para colocar a gente íntegra y de probadas credenciales en esas siete vacantes. Como nunca debe haber un fuerte escrutinio público del proceso de elección en la Asamblea Legislativa.
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Pero la cosa no queda ahí. Se requieren reformas estructurales cuyo norte sea establecer algunos controles sobre el Poder Judicial, especialmente en cuanto a la duración de los períodos de los magistrados, la forma en que se conducen sus procesos disciplinarios internos y la autonomía que tienen para fijar sus remuneraciones. La administración Alvarado ya tenía un enorme reto con el asunto fiscal. Ahora también le corresponde liderar una reforma a la justicia que promete ser muy delicada.
jhidalgo@cato.org
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