El 2 de agosto, en una tragedia automovilística, murió un joven y varias personas se encuentran heridas, algunas en estado crítico. Una señora manifestó a la prensa que el “accidente pudo haber sido mucho peor,” quizá minimizando lo ocurrido. Discrepo de ella; creo que se trata de una terrible tragedia y que las autoridades judiciales y del Consejo de Transporte Público (CTP) deben estudiar en profundidad la responsabilidad del conductor, la del propietario del vehículo y si este tenía revisión técnica, pues hay claros indicios que denotan irresponsabilidad en carretera, con graves consecuencias penales y civiles.
Hace unos años se amplió la vigencia de los vehículos de transporte público, a lo que me opuse, pues no es correcto que por ayudar a una industria que sufrió en pandemia –como muchas otras– se aprueben soluciones peligrosas para los usuarios. Lo más inteligente era que el gobierno facilitara condiciones para un remozamiento eléctrico paulatino, más seguro y no contaminante, pero se optó por la vía fácil.
De manera irresponsable y a la ligera, al problema se le puso una “curita” al alargar los plazos y condicionando la prórroga a un mayor número de revisiones, pero se dejó un vacío o laguna “legal” que han aprovechado varios propietarios: la de inscribir el vehículo como particular, en teoría sin posibilidad de transportar personas, pero al no exigírsele eliminar el color amarillo y el rótulo de “transporte de estudiantes”, fácilmente logra eximirse de las revisiones periódicas y evade así los controles, lo cual incrementa el riesgo. Esto amerita una solución legislativa urgente que, como mínimo, exija cambio de color y de rotulación, y mantener la exigencia de las revisiones periódicas como requisito para circular.
Como ciudadana activa, llamo a las autoridades policiales y judiciales a recabar las pruebas en torno a este caso, máxime que testigos han dicho que el conductor, antes de la partida, “trató de reparar una avería para no perder el trabajito”.
Hay indicios de acciones que pueden categorizarse como culposas, dolosas o de responsabilidad preterintencional de quienes pudieron prever el peligro en que ponían a los usuarios y así evitar esta tragedia. Porque, en suma, lo que hicieron o dejaron de hacer causó muerte, lesiones y sufrimiento a las víctimas y sus familiares. Como madre, abuela y abogada, no puedo callar.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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