El país llega a esta transición con una fortaleza que no debe subestimarse. No enfrenta una crisis macroeconómica. Ha logrado estabilidad, crecimiento sostenido y una reputación internacional como economía confiable. Sin embargo, esa estabilidad convive con un desafío más profundo: una estructura productiva que no está generando oportunidades para todos.
Ese contraste define el reto central del nuevo gobierno.
En el corto plazo, los desafíos serán complejos. Costa Rica deberá navegar un entorno internacional más incierto, marcado por tensiones geopolíticas, menor dinamismo del comercio mundial y presiones sobre los precios de la energía. Esto afectará directamente los costos de producción, la inflación y la competitividad de nuestras empresas.
A esto se suman retos inmediatos como proteger el empleo de calidad en un contexto global menos favorable, sostener la disciplina fiscal sin descuidar las demandas sociales y enfrentar los impactos crecientes del cambio climático sobre la producción y los territorios más vulnerables.
Estos desafíos son importantes. Pero no son los que definirán el futuro del país.
El verdadero reto es estructural. Costa Rica enfrenta una dualidad productiva profunda: un sector moderno, altamente productivo e integrado a la economía global, convive con un amplio sector de baja productividad, escasa innovación y limitadas oportunidades.
En la práctica, esto significa que el crecimiento económico no se traduce plenamente en bienestar para todos. Genera avances, sí, pero también deja rezagos, brechas territoriales y una creciente sensación de exclusión.
A ello se suman problemas persistentes: baja inversión en investigación y desarrollo, débil conexión entre la academia y el sector productivo, escasa difusión tecnológica hacia las pequeñas y medianas empresas, infraestructura insuficiente y rigideces regulatorias que dificultan competir, innovar y crecer.
En términos simples, Costa Rica no tiene un problema de estabilidad. Tiene un problema de transformación productiva. Y este es un desafío que no puede ser enfrentado por un solo actor.
Ni el Estado por sí solo, ni el mercado por sí solo, podrán resolverlo. La experiencia internacional es clara: los países que logran avanzar hacia un desarrollo más inclusivo lo hacen cuando articulan esfuerzos entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad en su conjunto.
Hoy más que nunca, Costa Rica necesita construir esa articulación.
El entorno que se avecina será más difícil. Las oportunidades existen (relocalización de inversiones, transición hacia economías verdes, digitalización de servicios), pero no se materializan automáticamente. Requieren capacidades, coordinación y decisiones oportunas.
Por ello, una de las decisiones más importantes del próximo gobierno debería ser la creación de un Consejo Nacional de Transformación Productiva, liderado desde la Casa Presidencial.
Este Consejo no debe entenderse como una nueva burocracia, sino como un espacio de coordinación estratégica. Un mecanismo donde el país pueda sentarse –Estado, empresas, academia– a identificar cuellos de botella, coordinar soluciones y avanzar con una visión compartida.
Su objetivo no sería “escoger ganadores”, sino facilitar que Costa Rica descubra nuevas oportunidades productivas, fortalezca sus encadenamientos y eleve la productividad de todo su tejido empresarial.
Para que funcione, debe operar con reglas claras: transparencia, rendición de cuentas, evaluación constante y enfoque en resultados. Pero, sobre todo, debe estar guiado por una convicción fundamental: que el desarrollo es un esfuerzo colectivo.
Costa Rica ha construido, a lo largo de décadas, una democracia sólida y una economía de mercado que han generado estabilidad, crecimiento y oportunidades. Estos logros son la base sobre la cual se debe construir el siguiente paso.
Pero esa base debe fortalecerse. Y para hacerlo, el país necesita algo más que políticas aisladas. Necesita una agenda común que permita cerrar brechas, ampliar oportunidades y asegurar que el crecimiento llegue a más personas, territorios y empresas.
El nuevo gobierno tiene ante sí una tarea exigente, pero también una gran oportunidad: liderar esa agenda de transformación.
Porque, en un entorno global más desafiante, la respuesta no puede ser la fragmentación. Debe ser la colaboración.
Y porque, en última instancia, Costa Rica no necesita “más Estado” ni “más mercado”. Lo que necesita es un mejor Estado y una mejor interacción entre el Estado y el mercado.
El próximo gobierno no será juzgado por mantener la estabilidad macroeconómica –eso ya se logró–, sino por su capacidad de promover la transformación de la estructura productiva del país y así alcanzar un desarrollo que integre a todas las personas, sectores y territorios, sin dejar a nadie por fuera.
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Ricardo Monge González es el presidente de la Academia de Centroamérica.
