Costa Rica enfrenta hoy una paradoja que resulta cada vez más evidente. Por un lado, el país exhibe estabilidad macroeconómica, apertura comercial, instituciones democráticas sólidas y una capacidad probada para atraer inversión extranjera directa en actividades sofisticadas. Por otro, el crecimiento económico es moderado, la productividad avanza lentamente, la innovación se concentra en pocos sectores y persiste una profunda dualidad económica y territorial.
El resultado es una sensación generalizada de estancamiento: los salarios reales crecen poco, las oportunidades son desiguales y amplios segmentos de la población no perciben los beneficios del desarrollo.
Esta combinación de logros parciales y déficits estructurales no es accidental. Refleja un patrón de desarrollo que ha funcionado bien para atraer enclaves productivos de alta productividad, pero que ha sido menos eficaz para difundir capacidades productivas al resto de la economía.
Comprender y corregir este patrón exige ir más allá de diagnósticos convencionales y adoptar un enfoque que coloque la producción, la productividad y la innovación en el centro de la estrategia de desarrollo.
En este contexto, dos aportes recientes del libro The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century resultan especialmente iluminadores: el capítulo “On productivism” de Dani Rodrik y “Fostering green and inclusive productivity growth” de Philippe Aghion y John Van Reenen. Aunque parten de tradiciones analíticas distintas, ambos convergen en una idea fundamental: no existe crecimiento inclusivo y sostenible sin una expansión deliberada de la capacidad productiva de la economía.
La evidencia para Costa Rica es clara. El crecimiento de la productividad agregada ha sido bajo durante años, y buena parte de los aumentos recientes provienen de un conjunto reducido de empresas altamente integradas a cadenas globales de valor. Mientras tanto, la mayoría del tejido productivo –especialmente pymes, actividades orientadas al mercado interno y regiones fuera del Gran Área Metropolitana– muestra escasa innovación, limitada adopción tecnológica y dificultades para escalar.
Esta dualidad productiva tiene múltiples consecuencias. Económicamente, limita el crecimiento potencial y la capacidad de aumentar salarios reales de manera sostenida. Socialmente, se traduce en desigualdad de oportunidades, brechas territoriales persistentes y frustración con el desempeño del modelo de desarrollo. Políticamente, erosiona el apoyo a reformas pro-crecimiento, pues los beneficios se perciben como concentrados.
Ni la estabilidad macroeconómica ni la apertura comercial por sí solas corrigen este problema. Se trata de un desafío estructural, ligado a cómo se organiza la producción, cómo se generan capacidades y cómo se difunde la innovación.
Dani Rodrik propone el productivismo como un marco alternativo tanto al neoliberalismo clásico como a enfoques que privilegian la redistribución sin transformación productiva. Su argumento es directo: la base de un desarrollo económico sostenible y políticamente viable es la expansión del empleo productivo, entendido como trabajo que genera aprendizaje, eleva la productividad y permite aumentos endógenos de los salarios.
Desde esta perspectiva, el problema central no es solo la desigualdad de ingresos, sino una estructura productiva incapaz de absorber trabajo en actividades de mayor valor agregado. Los mercados, por sí solos, no garantizan diversificación, aprendizaje ni difusión tecnológica. Por ello, Rodrik sostiene que el Estado debe desempeñar un rol activo en dar forma a la estructura productiva, mediante políticas pragmáticas, experimentales y disciplinadas.
El productivismo no implica regresar a una visión estrecha de industrialización. Incluye manufactura avanzada, servicios modernos, agroindustria sofisticada y economía verde. Lo decisivo no es el sector en sí, sino su capacidad para generar encadenamientos, aprendizaje y movilidad productiva. Para países como Costa Rica, este enfoque resuena con fuerza: el desafío no es abandonar los sectores más productivos, sino multiplicar sus efectos sobre el resto de la economía.
Aghion y Van Reenen complementan esta visión desde una óptica schumpeteriana. La productividad crece cuando hay innovación, competencia, entrada y salida de empresas, reasignación hacia las más eficientes y, crucialmente, difusión de tecnologías y mejores prácticas.
Un aporte clave de su análisis es que la relación entre competencia e innovación depende de la distancia a la frontera tecnológica: cerca de ella, la competencia impulsa la innovación; lejos de ella, la prioridad es la adopción tecnológica y el fortalecimiento de capacidades. Esto sugiere que las políticas deben diferenciar explícitamente entre segmentos líderes y rezagados, en vez de aplicar recetas uniformes.
Cerca de la frontera, una mayor competencia impulsa la innovación: las empresas innovan para “escapar” de sus rivales. Lejos de la frontera, como ocurre con gran parte del tejido productivo costarricense, la prioridad no es tanto la I+D de punta como la adopción de tecnologías existentes, la mejora en gestión y la acumulación de capacidades básicas. Esto conduce a una recomendación clave: las políticas deben distinguir explícitamente entre actividades cercanas y lejanas a la frontera, en lugar de aplicar recetas uniformes.
Un segundo aporte fundamental es la idea de que la innovación no es neutral. Puede y debe orientarse hacia objetivos sociales, en particular la transición verde. La dependencia de trayectoria implica que, sin intervención pública, las empresas seguirán innovando en tecnologías conocidas, aun cuando sean ambientalmente insostenibles. Instrumentos como precios al carbono, estándares, subsidios a I+D verde y compras públicas pueden redirigir el esfuerzo innovador.
Finalmente, Aghion y Van Reenen subrayan que la inclusión no es solo una preocupación distributiva: es una condición para sostener el crecimiento basado en innovación. Sociedades que excluyen talento, educación y oportunidades reducen su base de innovadores y minan la legitimidad del proceso de cambio.
Ambos enfoques convergen en una recomendación central: Costa Rica necesita una estrategia productiva de doble carril. Por un lado, profundizar la sofisticación de los sectores más avanzados mediante competencia, talento y mayor complejidad productiva. Por otro, desplegar una agenda masiva de difusión productiva para el resto de la economía, enfocada en digitalización, mejora de gestión, acceso a financiamiento productivo, adopción de estándares y reducción de fricciones regulatorias.
En este marco, cobra especial relevancia la política productiva verde. No se trata únicamente de políticas ambientales ni de cumplir metas climáticas, sino de orientar el cambio tecnológico y la inversión hacia actividades que, además de reducir emisiones, generen productividad, aprendizaje y empleo de calidad.
Instrumentos como compras públicas verdes, estándares técnicos, financiamiento preferencial y apoyo a la innovación pueden acelerar la adopción de tecnologías limpias en sectores como movilidad eléctrica, eficiencia energética, agricultura climáticamente inteligente y servicios digitales para la descarbonización. Cuando está bien diseñada, la política verde no es un costo, sino una palanca de transformación productiva.
La lección es clara: Costa Rica no necesita producir más de lo mismo, sino producir mejor y con más gente dentro. El crecimiento inclusivo no se logra únicamente redistribuyendo ni confiando ciegamente en el mercado. Se construye ampliando capacidades productivas, difundiendo innovación y orientando el cambio tecnológico hacia objetivos económicos, sociales y ambientales. Asumir este giro productivo es condición indispensable para recuperar una senda de desarrollo más dinámico, inclusivo y sostenible.
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Ricardo Monge González es el presidente de la Academia de Centroamérica.