En 1949, George Orwell publicó 1984, una novela distópica que advierte sobre señales de lo que puede ocurrir cuando el poder se apropia de la información, el lenguaje, la memoria y la capacidad de pensar de una sociedad.
La Costa Rica de 2026 no es la Oceanía imaginada por Orwell: conserva elecciones libres, oposición, prensa crítica –o la opción de serlo–, universidades autónomas, tribunales y órganos de control. Sin embargo, algunas tendencias evocan mecanismos presentes en la novela: concentración del poder, vigilancia masiva, manipulación informativa y erosión de la verdad objetiva.
La primera señal es la concentración del poder. El partido gobernante ganó legítimamente y obtuvo 31 de las 57 diputaciones. Esa mayoría facilita impulsar su agenda, pero no lo exime de los límites constitucionales. La democracia también exige separación de poderes y controles independientes, no la concentración de poder que tanto ansían: “solo nos falta el Poder Judicial”.
A ello se suma la personalización del poder en torno al jaguar supremo –con el debido perdón para los jaguares–. Aunque otra persona ocupa constitucionalmente la Presidencia de la República, aquel ejerce de facto como una suerte de primer ministro. Desde los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, concentra la coordinación política y las finanzas públicas, mantiene cercanía con la inteligencia y el control fiscal, y conserva ascendiente sobre la mayoría legislativa, el Ejecutivo e incluso los gobiernos locales.
El ministro de marras no es el Gran Hermano en sentido literal, pero ocupa un lugar simbólico comparable: sigue siendo el centro del relato y de la conducción del proyecto gobernante. Se proyecta como un líder fuerte e indispensable. La advertencia surge cuando se desdibujan las fronteras entre líder, partido, gobierno y Estado.
Nuestra democracia enfrenta, además, una brecha de legitimidad. En 2024, el 76% consideraba la democracia como el mejor sistema y el 63% la prefería frente a cualquier alternativa; pero solo el 45% estaba satisfecho con su funcionamiento y apenas el 15% confiaba en los partidos (Latinobarómetro). Ese desencanto favorece liderazgos que prometen resolver los problemas si se les permite actuar sin tantos controles: “que me dejen hacer”.
La segunda señal es la tentación de vigilarlo todo. En 1984, las telepantallas permiten al poder observar continuamente a la población. Costa Rica no cuenta con un dispositivo semejante, pero el crecimiento e interconexión de las bases de datos estatales y la expansión de la fiscalización electrónica plantean preguntas legítimas sobre la privacidad, la proporcionalidad y el control ciudadano. Ante las ansias de leyes que se acomoden a los deseos de poder, la Ley N.º 8968 de Protección de Datos Personales podría ser solo una anécdota.
La modernización digital puede simplificar trámites y combatir la evasión fiscal; no es autoritaria por naturaleza. Sin embargo, integrar información tributaria, financiera, patrimonial y personal concentra una enorme capacidad de observación. Los nuevos sistemas tributarios y el seguimiento electrónico de transacciones muestran hasta dónde podría llegar. El problema no es perseguir la evasión, sino qué se recopila, con qué criterios, quién puede consultarlo y qué garantías existen frente a errores, filtraciones o usos políticos.
Una democracia necesita justicia tributaria y privacidad. Cuando el mismo liderazgo concentra la conducción política, las finanzas públicas y la cercanía con organismos de inteligencia y de control fiscal, las bases de datos exigen salvaguardas rigurosas. La vigilancia orwelliana puede tomar forma cuando aceptamos que el Estado sepa todo sobre nosotros, mientras que sabemos cada vez menos sobre sus decisiones.
El tercer paralelismo se observa en el ecosistema informativo. En 1984, el Ministerio de la Verdad selecciona, modifica y repite una versión de los acontecimientos hasta convertirla en la única realidad admisible. Costa Rica todavía cuenta con medios independientes, pero esos espacios parecen reducirse frente a una maquinaria que combina conferencias oficiales, contenidos producidos por el Ejecutivo, redes sociales, comunicadores afines y medios radiofónicos o televisivos alineados con el relato gubernamental.
No es necesario clausurar un periódico para debilitar la libertad de prensa. También puede hacerse mediante la estigmatización de periodistas, el acceso privilegiado a comunicadores complacientes, el hostigamiento digital, la pauta oficial y la repetición coordinada de mensajes. Sería exagerado afirmar que el gobierno controla todos los medios. Pero puede advertirse un ecosistema en el que la crítica es castigada, la docilidad es premiada y algunos comunicadores actúan como amplificadores del poder.
Así se erosiona la verdad objetiva. En lugar de refutar un dato incómodo, se desacredita a quien lo produce: una investigación periodística es una campaña política; una resolución judicial, persecución; un criterio técnico, conspiración, y una fiscalización, obstrucción. Por si fuera poco, las redes sociales intensifican esa lógica, convierten la discrepancia en desprecio y favorecen la autocensura.
Nada de esto significa que Costa Rica sea la Oceanía de 1984. La advertencia de Orwell es otra: el momento para defender la democracia no es cuando ya se han cancelado las elecciones, sino cuando todavía podemos reconocer señales tempranas: concentración personalista del poder, vigilancia estatal creciente, manipulación informativa, erosión de la verdad objetiva y la construcción de un líder presentado como omnipotente, omnipresente e indispensable.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, epidemiólogo y académico investigador en la UNA y la UCR. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas internacionales.