Vamos a los hechos que han llamado mi atención en estos días. Entiendo que la historia se remonta al tiempo en que uno que ahora es diputado ocupó un cargo municipal y fue objeto de una sanción administrativa, de suspensión impuesta por la Contraloría General. Por razones que ignoro, la sanción no llegó a ejecutarse mientras el afectado se desempeñaba en el servicio municipal, y, dada esta circunstancia, se pretende que se le aplique en su cargo de legislador.
Hice mi matemática y llegué a la conclusión de que si la pretensión se admite, la Constitución miente: dice que la Asamblea se compone de 57 diputados, y si se descuenta al sancionado serían solo 56, por lo menos transitoriamente.
Y llevé las cosas al absurdo, que tal vez no lo sea tanto: qué tal si los diputados sancionados fuesen dos o tres más, cosa fácil en vista del celo que prima en la administración del castigo. Si fuese así, la Constitución sería una mentirosa recalcitrante: por ejemplo, sería falaz cuando dice que las decisiones de la Asamblea se toman por mayoría absoluta o por mayoría agravada, porque los dígitos ordinarios que resultan de una cámara disminuida no son aquellos en los que el texto está pensando; o también, cuando dice que la aprobación de la ley está precedida de dos debates que admiten el concurso de todos los legisladores presentes: aquellos, esenciales para la formación de la voluntad de la cámara, se celebrarían con exclusión forzosa de los que por resolución administrativa se hallaren impedidos de concurrir.
Las consecuencias de la suspensión no deteriorarían tanto la credibilidad de la carta si la Asamblea estuviera integrada como antes, por titulares y suplentes. En tal caso, los segundos asumirían la curul de los primeros; cualquiera diría que no ha pasado nada. Pero bajo la actual composición, no podría echarse mano de otros candidatos sin que antes los castigados perdieran su credencial: la suspensión no da para tanto.
Puede ser que la carta fundamental no mienta, que la suspensión no pueda aplicarse, que todo sea un exabrupto, que aunque se ofenda la virginal pureza del castigo convenga a la preservación de la Asamblea hallar argumentos normativos que lleven a esta conclusión. Que los hay, los hay; la Constitución no miente, a veces no la sabemos leer.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.
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