Si algo nos enseñaron los comicios de 2018 es que un tema exógeno a la discusión electoral puede descarrilar el proceso de decisión ciudadana, que debió enfocarse en los asuntos más apremiantes para los votantes. En esa ocasión, los costarricenses no eligieron al candidato ni a la candidata que ofrecía las mejores propuestas para resolver el desempleo, la corrupción, la desigualdad económica, la inseguridad ciudadana y la movilidad. Basaron su decisión en su alineación con el debate cultural sobre religión, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la identidad de género.
Hoy enfrentamos un riesgo similar. Es posible que las elecciones de 2026 sean secuestradas por narrativas fabricadas y que la decisión de los votantes se centre en la legitimidad de levantarle la inmunidad al presidente de la República para que proceda la investigación de las denuncias en su contra por beligerancia política. Esta situación, en el contexto de unos comicios con un porcentaje de indecisos altísimo, podría tener consecuencias graves para el futuro del país.
Tras las elecciones de 2018, investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) concluyeron que este proceso evidenció que los costarricenses ya no tienen un vínculo significativo con los partidos políticos, reflejo de identidades políticas muy debilitadas. Con estas identidades frágiles, cualquier evento externo puede alterar por completo el juego, romper el orden y propiciar una gran incertidumbre política y electoral, según explicó en esa ocasión el politólogo e investigador Rónald Alfaro del CIEP.
En tiempos en que las lealtades de los votantes hacia los partidos políticos son endebles y se han roto las correas partidarias que ataban a los ciudadanos desde la guerra del 48, hay una alta posibilidad de que discusiones ajenas a los temas prioritarios de la ciudadanía para decidir su voto se cuelen y se vuelvan protagonistas del debate político electoral.
La semana pasada vimos cómo Costa Rica captó la atención de figuras políticas estadounidenses y colombianas, quienes, de repente, se interesaron por la investigación de denuncias contra el presidente Chaves y por la intención del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente.
Como se señaló en el editorial de La Nación del 23 de noviembre, llama la atención que las declaraciones de Mario Díaz-Balart, actual miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU., y el expresidente colombiano Iván Duque manejaran una narrativa similar a la utilizada por el presidente Chaves de un posible intento de remover a un mandatario a pocos meses del día de las elecciones, usando recursos ambiguos y sin fundamentos constitucionales.
Inmediatamente después, la denuncia en redes sociales de Díaz-Balart tuvo su primera consecuencia palpable: el congresista estadounidense solicitó reunirse con la embajadora costarricense en EE. UU., Catalina Crespo, para obtener información sobre la investigación por beligerancia política que se le sigue al presidente Chaves y la solicitud de levantamiento de su inmunidad.
Pese a la naturaleza personal de la misiva, el presidente Chaves insistió en conferencia de prensa en que la embajadora Crespo había sido convocada a una audiencia en el Congreso estadounidense. Queda claro que el presidente desinformó a los costarricenses con sus declaraciones y buscó beneficiarse de ello.
El ardid de Chaves de enmarcar este episodio como refuerzo a la narrativa de que las investigaciones en su contra son ilegítimas, y prueba de ello sería la atención y el apoyo internacional que recibió para evitarlo, nos acerca más a la posibilidad de que el incidente sea utilizado para descarrilar las elecciones del 2026.
El propio Chaves nos adelantó que vendría una reacción internacional. En al menos dos videos publicados en redes sociales, el presidente anunció que, ante la insistencia del TSE por levantarle la inmunidad, “habrá sorpresitas”, refiriéndose a las reacciones del expresidente colombiano Duque y el congresista Díaz-Balart.
Lo anterior evidencia un intento por parte del grupo afín a Chaves y a la campaña del Partido Pueblo Soberano de recurrir a aliados políticos en el exterior para forzar una presión extranjera con el fin de que el TSE abandone su intención de solicitar el levantamiento de la inmunidad y proceder con la investigación de las denuncias por beligerancia política.
Si el apoyo de los aliados extranjeros del mandatario derivara en una amenaza de sanciones contra Costa Rica por parte de, digamos, Estados Unidos, esto le daría al chavismo carta blanca para ejercer el papel de víctima de un sistema que supuestamente lo persigue. Este hecho podría polarizar a la población costarricense: los que creen que el sistema acosa a figuras ajenas al establishment político costarricense contra los que apoyan a “los tagarotes” y a “los políticos de siempre”.
No importa el daño a la reputación de Costa Rica si la amenaza de sanción se materializa, aun cuando esté fundamentada en premisas falsas. Lo que importa es obtener la victoria política.
Y así se descarrilarían las elecciones de 2026. Azuzados por el guion del populismo autoritario, con su visión dicotómica de la política y su desprecio por la verdad, los votantes costarricenses caeríamos en la trampa de operadores políticos que, sin escrúpulos y con total premeditación, nos pondrían a pelearnos entre quienes están a favor o en contra del chavismo.
¿Y las respuestas a los problemas de inseguridad, corrupción, costo de la vida, desempleo, narcotráfico, pobreza y desigualdad? En unas elecciones secuestradas por temas externos, los votantes ticos no tendríamos la oportunidad de buscar respuestas a estos problemas en las urnas si permitimos que la disputa del presidente Chaves con los magistrados del TSE –situación ajena a la verdadera discusión electoral– descarrile las elecciones. Habríamos sido víctimas de la manipulación por parte de operadores políticos para distraernos de las decisiones realmente importantes que nos enfrascan en una discusión sobre la defensa de la institucionalidad costarricense y el apoyo a un presidente que se considera atacado por fuerzas afines a las “élites corruptas”.
Como votantes inscritos para las próximas elecciones, debemos estar vigilantes ante estas tácticas electorales. Mantengamos el enfoque en resolver, con nuestro voto, los problemas medulares que nos aquejan como pueblo. Y, sobre todo, no seamos víctimas de los juegos electorales de quienes no tienen nuestro bienestar como objetivo final.
dvargascri@outlook.com
David Vargas Chacón es periodista, fotógrafo y estratega digital. Ha ejercido como periodista, director de fotografía, jefe de prensa, profesor universitario, estratega de social media, y creador de contenidos en Costa Rica, Estados Unidos, Rusia y Ucrania.