Al menos cuatro mujeres han fallecido este año luego de someterse a cirugías estéticas. En solo ocho días de enero murieron tres costarricenses de 48, 43 y 40 años y, este jueves, en una clínica privada de barrio México, San José, ocurrió el deceso de una canadiense de 57 años.
La situación es grave, pero el gobierno de Rodrigo Chaves y el de Laura Fernández han sido omisos al negarse a poner en vigor un decreto ejecutivo que permitiría solo a médicos debidamente formados e inscritos como especialistas realizar cirugías plásticas reconstructivas y estéticas. Es decir, médicos generales ya no podrían practicar estos procedimientos.
La norma está firmada desde junio de 2025 y lista para publicar desde diciembre, pero una de las excusas de Chaves para no oficializarla fue que los especialistas pretendían restringir el trabajo de los médicos generales. En enero prometió analizar las quejas y publicarlo “en su debido momento”. Pasaron 10 meses, llegó el gobierno de la continuidad, hay una cuarta víctima y todo sigue igual: paralizado.
Cinthya Carvajal Guevara, Ivannia Torres Cubillo y Regina Brumley Kerr, las tres costarricenses fallecidas en enero, fueron intervenidas por médicos generales. No es que solo ellos enfrenten complicaciones. Los especialistas también, pero la diferencia está en que su formación y entrenamiento les permiten anticipar riesgos, reconocer señales de alarma y actuar a tiempo para tratar de evitar que una complicación termine en una lesión irreversible o en la muerte.
Mientras más pretextos se pongan a la regulación, no solo existe mayor riesgo de víctimas, sino de que sea el mercado el que exija las regulaciones. De confirmarse la muerte de la canadiense a consecuencia de una cirugía estética, es responsabilidad de la Embajada de Canadá emitir una alerta a sus ciudadanos sobre los peligros que, por vacíos legales, existen en Costa Rica al someterse a este tipo de procedimientos. Estados Unidos debe hacer lo mismo.
También es responsabilidad del Colegio de Médicos y Cirujanos insistir en que solo unos 55 médicos tienen la especialidad. Igual compromiso debería tener el ausente Ministerio de Salud.
Al Poder Judicial, donde el gremio médico denunció la no publicación del decreto, debería preocuparle resolver pronto y exigir cumplimiento.
¿Qué más hace falta? Muertes ya hay. Denuncias de lesiones, también (22 solo el año pasado), y cuanto más se demoren el Ejecutivo y el Judicial, más familias terminarán enlutadas y más mujeres sufrirán el dolor de las secuelas. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida. Y en esto, los poderes Ejecutivo y Judicial están debiendo.
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Armando Mayorga es periodista.