No obstante, pese a que hoy existe una mayor conciencia sobre el tema, y a que han transcurrido 32 años desde su promulgación, noticias recientes evidencian que aún persisten actuaciones complacientes hacia los ofensores –o eventuales ofensores–, en total desprecio de los derechos de las víctimas.
Este diario informó en días pasados sobre el caso de un regidor municipal que acosó a una lideresa comunal que acudió a él para solventar un problema en su barrio. El regidor llegó al extremo de solicitar favores sexuales a cambio de resolver la situación. La prueba fue abundante, tanto documental –copias de mensajes de WhatsApp– como testimonial –la declaración de la víctima y las disculpas del ofensor–.
Finalmente, se dictó una sentencia condenatoria de 15 días de suspensión sin derecho a dietas. Sin embargo, lo sorprendente es que la sanción se fijó del 17 al 31 de diciembre, periodo en el que el Concejo no sesionó y, por lo tanto, no se percibían dietas. En la práctica, prevaleció una suerte de impunidad. Cabe señalar que aún está pendiente un proceso judicial por el cobro de una indemnización económica.
Vale la pena destacar que la ofendida comentó haber recurrido a las autoridades del partido político del regidor, pero estas no actuaron. Incluso se reunió con el líder de la agrupación, a quien le narró lo sucedido, y este se limitó a manifestar que lo sentía mucho.
Irónicamente, ese mismo líder es hoy un diputado acusado de acoso sexual por una exdiputada del mismo partido. Este caso avanza con lentitud en sede legislativa. Los costarricenses esperamos que dicho poder de la República se pronuncie antes de que concluya su cuatrienio; merecemos conocer el desenlace, tanto por tratarse de un diputado como por respeto a la ofendida y al acusado.
Se ha avanzado mucho en la lucha contra el acoso sexual; sin embargo, aún queda camino por recorrer, especialmente en materia sancionatoria.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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