Hay instituciones que no caen por asalto. No las derriba un decreto ni las clausura una ley: las erosiona la repetición de gestos menores, los precedentes que parecen trámite y que, sumados, terminan reescribiendo en silencio la arquitectura del Estado.
Por eso conviene encender las alarmas cuando una institución empieza a ser vaciada de su propósito, gradual o informalmente; dicho de otra forma, cuando una institución empieza a asumir funciones que el ordenamiento jurídico y la experiencia histórica colocaron deliberadamente en otra parte. Es algo más hondo: la forma en que Costa Rica decide presentarse ante el mundo y defender sus intereses.
La Cancillería es una de las instituciones más antiguas de la República. Ha custodiado la política exterior costarricense, su tradición jurídica, su vocación pacifista y ha liderado esa rara alquimia por la cual un país pequeño, sin ejército y sin más poder que su palabra, logró hacerse escuchar. Cuando Costa Rica habló de paz, Derecho Internacional y Derechos Humanos, el mundo puso atención por la autoridad moral de su voz. Esa Cancillería profesional, sobria y respetada, es parte esencial de la identidad internacional del país. Debe seguir siéndolo. Pero, precisamente por eso, no conviene encajar todo bajo su sombra.
La política exterior y la política comercial se rozan, se necesitan y se complementan; pero no son lo mismo. Una define la posición general del Estado frente al mundo: su brújula, su tono, sus alianzas. La otra ordena las condiciones concretas de la inserción económica internacional: comercio, inversión, acceso a mercados, estándares regulatorios, reglas de origen, controversias y reformas que impactan directamente el aparato productivo. Confundirlas no sería error de organigrama. Sería error de Estado.
Para evitar esa confusión, nació el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). No como capricho, sino como respuesta lúcida a una época en que Costa Rica decidió tomarse en serio su apertura comercial. La creación de Comex, en 1986, y su consolidación legal, en 1996, obedecieron a una intuición correcta: un país pequeño no podía navegar la globalización sin una rectoría especializada, capaz de descifrar la letra pequeña de los acuerdos, el manejo económico de cada negociación y el impacto real de las reglas internacionales sobre productores, exportadores, inversionistas y consumidores. Con el tiempo, se creó un equipo altamente competente y especializado.
Esa especialización no hizo pequeña a la Cancillería: creó un orden institucional estratégico. Permitió distinguir entre representación política general y conducción técnica de la inserción económica. La diplomacia aporta coherencia, presencia y sentido; Comex aporta sustancia, continuidad y músculo técnico. Esa división del trabajo ha sido una virtud institucional, no una fractura del Estado. Es una de las decisiones más inteligentes que tomó el país en medio siglo.
Por eso conviene actuar con especial prudencia cuando espacios como la OMC o la OCDE empiezan a ser vistos, incluso de manera involuntaria, como extensiones naturales de la representación diplomática general.
El hecho circunstancial de que una autoridad de la Cancillería cuente con experiencia previa en comercio exterior no elimina la necesidad de preservar la rectoría institucional de Comex en los ámbitos que le corresponden. Al contrario: el conocimiento de ambas agendas permite reconocer mejor que la coordinación entre dichos ministerios no debe tomar la forma de sustitución funcional.
En la OMC se discuten asuntos comerciales, acceso a mercados, compromisos, controversias y equilibrios delicados entre sectores productivos. En la OCDE se debaten estándares regulatorios, inversión, competencia, gobernanza pública, productividad, facilitación del comercio, sostenibilidad económica y reformas estructurales. Son espacios donde la diplomacia importa y agrega valor, pero cuya materia sustantiva es económica, técnica y regulatoria. Los países serios no solo llevan representación a esas mesas: llevan conocimiento especializado, memoria institucional y capacidad negociadora.
La distinción, por tanto, no es menor. El oficio diplomático permite leer el clima político, construir confianza, tejer alianzas y cuidar la coherencia de la voz del Estado. El oficio comercial permite interpretar disciplinas económicas, anticipar el efecto de un estándar regulatorio, valorar el costo de una concesión y defender intereses productivos concretos. Son capacidades distintas, ambas indispensables y escasas. La fortaleza del Estado costarricense está en articularlas sin confundirlas y sin que la una absorba a la otra.
El problema no es que la Cancillería participe en la agenda económica internacional; debe hacerlo para no aislar la política comercial de la política exterior. El riesgo emerge cuando la coordinación se transforma, por acumulación de precedentes, en desplazamiento funcional; cuando el acompañamiento diplomático termina ocupando espacios de conducción técnica, o cuando lo excepcional transmuta la arquitectura institucional sin deliberación estratégica y sin decisión explícita del Estado.
Costa Rica ha consolidado una estructura exitosa que distingue diplomacia y especialización, política exterior y política comercial, representación del Estado y defensa técnica de sus intereses. Ese diseño no debería depender de afinidades personales, trayectorias individuales o arreglos de coyuntura. Justamente, esa separación le ha permitido al país construir acuerdos o litigar diferendos comerciales en una esfera separada de la relación política y diplomática.
Defender el ámbito de Comex es preservar una capacidad especializada del Estado costarricense, difícil de reconstruir si se diluye. Asimismo, reconocer la autoridad de la Cancillería no significa convertirla en depositaria universal de toda acción internacional. Un Estado moderno se fortalece cuando cada institución aporta desde su competencia, no cuando las fronteras funcionales se vuelven ambiguas.
¿Queremos debilitar la arquitectura que le ha permitido a Costa Rica hablar con seriedad, solvencia y respeto en los espacios donde se definen las reglas de su inserción económica internacional? En un mundo donde el poder suele imponerse por tamaño, fuerza o dinero, Costa Rica ha sabido defenderse de otra manera: con instituciones, con técnica, con memoria y con palabra.
La voz de este país se mantendrá fuerte si nace de instituciones que conocen su oficio, respetan sus límites y entienden que la grandeza del Estado no está en concentrarlo todo, sino en ordenar bien aquello que sirve al interés nacional. Ese equilibrio no es una formalidad administrativa: es una de las formas más altas de la inteligencia del Estado.
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Abril Gordienko López es diputada de la República.
Alejandro Patiño Cruz es consultor internacional y exrepresentante permanente adjunto de Costa Rica ante la OCDE.