EscucharEs imposible olvidar la sacudida que ocurrió hace 30 años, a las 3:57 p. m., de 7,7 grados, en Limón. Era una Costa Rica sin celulares, sin Internet, sin redes sociales.
Nos comunicábamos por medio de teléfonos fijos, radiocomunicadores o bípers. En la sala de redacción de La Nación, en San José, hubo conmoción, pero en cuestión de segundos corrimos a cubrir la emergencia.
Los teléfonos estaban congestionados. No había tono. ¿Dónde fue el terremoto? Varios periodistas salieron hacia sitios posibles. Uno a Puriscal. Otro a Alajuela. Una reportera fue al Observatorio Vulcanológico y Sismológico, en Heredia, para enterarse de primera mano. Ir allá era la única forma de confirmarlo.
Por radio, nos dio el aviso: ¡Limón! Ocurrió en Valle La Estrella, a 10 kilómetros de profundidad. Era el sitio menos pensado, pues la vertiente atlántica carecía de historial sísmico. Murieron 48 personas y 554 resultaron heridas. Hubo 1.856 casas destruidas.
Este fue uno de los terremotos de mayor magnitud desde 1888, año en que comenzó a llevarse registro en el país, y reveló que la parte sur de Costa Rica no yace sobre la placa Caribe, sino sobre una microplaca llamada desde entonces microplaca de Panamá.
Además, produjo cambios en el Código Sísmico, entre estos, una variación en la zonificación del riesgo.
La trágica experiencia, sin embargo, topa aún con oídos sordos. En los terremotos de Cinchona (de 6,2 grados en el 2009) y de Nicoya o Sámara (de 7,6 en el 2012) quedó en evidencia tras la destrucción de casas y edificios.
El año pasado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos descubrió que un 40 % de las edificaciones levantadas en el primer semestre del 2020 carecían de permisos municipales.
Tenemos un buen Código Sísmico, pero solo el 60 % de las obras son supervisadas por profesionales, como ingenieros y arquitectos. ¿Qué significa esto? Que con tal de evadir el impuesto del 1 % hay irresponsables que fabrican casas o edificios sin la garantía de que resistirán un terremoto.
Significa, además, que las municipalidades incumplen su responsabilidad de prevenir mayores desastres y muertes si se produjeran megasismos. Están en deuda.
