Ni Moody’s, ni ninguna otra agencia calificadora de riesgos crediticios nacionales y corporativos son omniscientes o infalibles. Pero sí son rigurosas en sus métodos, sistemáticas en sus cálculos y serias en sus juicios. Además, nos guste o no, tienen enorme influencia en los mercados: de sus “notas” dependen en buena medida las tasas de interés que deberán pagar los examinados para captar recursos. Por esto, su decisión de cambiar de “negativa” a “estable” la precaria calificación B2 de nuestra deuda soberana es una buena noticia.
En lo inmediato, facilitará el acceso y bajará los costos de financiamiento, algo clave cuando la inflación y tasas de interés internacionales dan señales al alza. Pero tanto o más relevante es lo que revela: 1) el esfuerzo gubernamental de contención de gastos; 2) la reactivación de nuestra economía; 3) el impacto positivo de la reforma tributaria del 2018; 4) el aumento de los ingresos debido a la suma de 2 y 3; y 5) la consecuente reducción del déficit fiscal. Son logros particularmente notables si consideramos el impacto de la pandemia.
Es decir, vamos por una buena, aunque tortuosa, accidentada e inestable, ruta. Seguirla dependerá de muchos factores. Lo urgente es mantener el acuerdo con el FMI, que implicará más recursos frescos y, sobre todo, otro sello de confianza nacional e internacional. Algunos diputados e instituciones con sentido gremialista están empeñados en descarrilarlo, sea por convicciones, dogmas, poses o la defensa de intereses miopes disfrazados de constitucionalidad. Este es un riesgo que debemos superar. Más allá, y partiendo de que logremos reforzar el proceso de consolidación fiscal, la tarea que sigue es impulsar reformas estructurales que, en diversos ámbitos, garanticen mantener la estabilidad y desaten nudos que frenan el desarrollo.
