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El contexto del proceso electoral 2026 en Costa Rica se enmarca en el descontento, la desinformación y la reactividad de la intención de voto.
Este escenario particular representa un riesgo para la democracia electoral que, cada vez más, se desdibuja. Ello se hace tangible en los datos que se extraen del registro histórico del comportamiento electoral costarricense: a partir de 1998 se comienza a dar un abstencionismo sostenido que supera el 30%, y para las elecciones pasadas, en 2022, llega a 40%.
Tal fenómeno refleja la inconformidad y la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, lo que constituye una clara amenaza para una de las democracias más antiguas y estables de la región. Dicha estabilidad se ha vuelto cada vez más cuestionable debido a factores como la desinformación, la débil cohesión política y la baja participación ciudadana en los procesos electorales.
En este contexto, una ciudadanía informada es esencial en los procesos tanto de participación como de rendición de cuentas. Sin embargo, la ausencia de un verdadero ejercicio de búsqueda informativa propicia un fenómeno muy riesgoso: el seguimiento a fake news (noticias falsas), la validación de errores informativos (intencionales o no) y el uso inadecuado o la manipulación de datos reales para fines políticos.
Otro elemento que mencioné antes es la reactividad del voto. Aunque el término parezca más cercano a procesos químicos que políticos, en realidad hace referencia a una tendencia del electorado: la de “castigar” o mostrar de forma tangible a los partidos políticos cuáles son las consecuencias de lo que los electores perciben como no estar representados o no tener respaldo en ciertas de sus necesidades concretas.
Aunque no lo parezca, esta opinión, lejos de ser un texto lapidario y desalentador en torno al futuro de la democracia electoral costarricense, pretende hacer un llamado al ejercicio responsable del voto en 2026.
Que el primer domingo de febrero, las personas se acerquen a las urnas luego de haber revisado toda la información necesaria y hecho el debido análisis crítico para decidir por quién votar. Esto, con plena conciencia del privilegio que tenemos los costarricenses al poder elegir la presidencia y las diputaciones de la República. Que nuestro voto 2026 sea universal, libre, secreto y responsable.
Bryan J. Marín Hernández es estudiante de Ciencias Políticas.
