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Hace unas semanas, al afirmar en público que en Nicaragua no habrá más elecciones, Daniel Ortega básicamente reconoció la naturaleza de la política impuesta por él y su pareja, Rosario Murillo, desde hace años, la cual ha llevado a la destrucción total del sueño de democracia en su país.
La historia de cómo eso ocurrió en nuestra nación vecina es un buen ejemplo de la forma en que líderes autoritarios e ileberales se hacen con el control del Estado una vez en el poder, a partir de su desprecio a la división de poderes.
Después del gobierno de doña Violeta Barrios (1990-1997), la democracia electoral nicaragüense siguió activa, pero comenzó a mostrar, cada vez más, los vicios de la interesada intervención política por parte del Partido Liberal Conservador (PLC) y el Frente Sandinista (FSLN).
En el año 2000, la Ley 331 consolidó el control de esos dos partidos sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) y, con eso, sobre la estructura de gestión electoral en todo el país.
Dos años después, esos mismos partidos se repartieron los puestos de magistrados de la Corte Suprema. Empezaba el deterioro.
Antesala: denuncia de la corrupción
En el verano de 2006, durante un viaje de investigación, tomé un taxi de la antigua y derruida catedral de Managua al hotel donde me encontraba alojado y aproveché para conversar con el conductor sobre la situación política de Nicaragua.
Mi sorpresa fue escuchar al taxista añorar con sinceridad “el tiempo de Somoza” y argumentar que con aquel dictador “todos estaban mejor”. Pero algo similar había leído el 11 de julio de 2004, cuando la “Revista Dominical” de La Nación publicó un artículo sobre los migrantes de la Revolución sandinista.
En ese texto, algunos intelectuales y políticos nicaragüenses que habían sido líderes sandinistas (Víctor Tirado, Dora María Tellez y Sergio Ramírez) ya hablaban del sueño perdido, al constatar la corrupción que reinaba en Nicaragua a inicios del siglo XXI.
La citada Ley 331 había reinstaurado el monopolio de los partidos sobre las candidaturas a puestos públicos, al eliminar las potestades que la reforma electoral de 1990 había otorgado a las agrupaciones no partidistas.
Además, impuso barreras más altas para la inscripción de nuevos partidos, otorgó al CSE la facultad de eliminar agrupaciones políticas que no participaran en una elección y estableció umbrales menores para la elección del presidente de la República.
Ese acuerdo permitió que, después de varias derrotas, Ortega volviera a la presidencia el 10 de enero de 2007.
Una vez en el poder, Ortega y Murillo aprovecharon las denuncias por corrupción contra el caudillo liberal Arnoldo Alemán para mover sus fichas y consolidar su dominio sobre los poderes del Estado.
Uso del cristianismo
En 2013, de vuelta en Nicaragua, visité el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana (hoy tomada por la dictadura).
En esa oportunidad, otro taxista me señaló el primer “árbol de la vida” levantado en una avenida de la capital y aseguró: “Nunca habíamos estado mejor que ahora con Daniel. Vea qué belleza esos árboles que pusieron, y van a poner más”.
En ese momento, Daniel ya era superior a su partido y proclamaba un discurso de “paz y amor”. A tono con el crecimiento del protestantismo en Nicaragua, Ortega también movilizó a parte de los votantes protestantes con su discurso religioso conservador y antiaborto.
Después de eso, se consolidó el lema sandinista de una Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria”.
Así, mientras se destruían las instituciones democráticas y se concentraba el poder, la gente se distraía con la imagen de una dupla cristiana en el poder, entregada a una misión divina.
Ortega y Murillo se impusieron en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. En ese trajín, tomaron completamente el Estado nicaragüense, los medios de comunicación y consolidaron su poder y control sobre organizaciones sociales, el ejército, la Policía y una gran parte del sector empresarial.
Ese dominio arreció después de las movilizaciones estudiantiles de 2018 en contra del gobierno, una vez que fueron sofocados los rebeldes, muchos de ellos encarcelados o asesinados.
Sin rastros del amanecer
Para las elecciones de 2021, Ortega y Murillo persiguieron a los candidatos opositores y a sus simpatizantes, los metieron en prisión por meses, los expulsaron del país y les quitaron la nacionalidad.
Y todo eso se legitimó con la idea de proteger al país de sus enemigos, de anular la corrupción y de evitar que se detuviera la nueva era por la cual pasaba el país.
Murillo, quien desde el inicio fue vocera del gobierno, fue elegida vicepresidenta en 2016 y, gracias a una serie de enmiendas constitucionales aprobadas en 2024 por la Asamblea Nacional, a inicios de 2025 comenzó a ser presentada como copresidenta del país.
Ahora que una reforma busca evitar nuevas elecciones en Nicaragua, el autoritarismo y la amenaza de una nueva dictadura ya no son promesa, sino la lápida bajo la cual descansa el cuerpo de una soñada democracia.
Está claro que no hay futuro para la democracia nicaragüense mientras persista el autoritarismo de esa dupla en el gobierno.
Es cierto que la patria de Sandino, como él mismo lo constató, tiene más de cien hombres y cien mujeres que la aman de corazón y están dispuestos a restaurar su soberanía absoluta. Pero las muertes, la represión y los presos políticos continúan creciendo.
En el futuro, Ortega será juzgado por la Historia, pero no podrá reclamar ser absuelto por ella. Pero, por el momento, y citando un poema de Rubén Darío: “El alba aún no aparece en su gloria de oro”.
david.diaz@ucr.ac.cr
David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
