“La letra con sangre entra” es, al mismo tiempo, el título de la crítica pictórica de Francisco de Goya a los brutales métodos disciplinarios del sistema educativo de su época y el lema de los defensores de estos recursos hasta muy entrado el siglo XX. Los maestros estaban en libertad de imponer castigos corporales y, al menos hasta hace poco, nadie dejó de escuchar anécdotas del padre severo que repetía en casa la reprimenda cuando se enteraba de su aplicación en la escuela.
Esos tiempos pasaron, por fortuna, pero la sociedad moderna se deslizó hasta el extremo y arrebató al maestro toda posibilidad de disciplinar a sus alumnos. La impunidad en el aula entorpece los procesos de aprendizaje y la letra no entra, porque el relajo lo impide. Ahora, ningún maestro ha dejado de contar la anécdota del padre sobreprotector que se presenta en la escuela para reclamar cualquier quítame allá esas pajas.
Tratamientos “inhumanos”, como dejar demasiada tarea, poner malas calificaciones o todo gesto de reprobación pueden poner al educador en entredicho, enfrentarlo a quejas y reclamos de los padres y hasta forzar su traslado a otro puesto con muy pocas posibilidades de defensa. Para preservar la tranquilidad, muchos prefieren no corregir a un menor y se cuidan de asignar bajas calificaciones.
Es un secreto a voces que el temor a represalias explica la aprobación de demasiados estudiantes, sea por reclamos directos de los padres o porque los menores aprenden a manipular reglamentos y derechos al punto de convertirse, sin necesidad de apoyo paterno, en motivo de preocupación o fuente de hostilidad inmanejable.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) piden a los diputados una reforma legal para caracterizar con precisión el maltrato físico y emocional. La intención es que las definiciones no queden al arbitrio de la subjetividad, como vendría a ser la apreciación del exceso de tarea o exigencias demasiado elevadas.
La Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense es sospechosa desde su título. Se aprobó a instancias de la Defensoría de los Habitantes y merece un examen exhaustivo para aquilatar hasta donde defiende a los alumnos y hasta donde los priva de una educación imposible de impartir con una espada de Damocles pendiente sobre el cuello.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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