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Ha llamado poderosamente la atención cómo recientes terremotos, en países como Venezuela y Colombia, han provocado daños considerables en edificaciones de distintas épocas, pese a tratarse de países donde existen normas para la construcción y criterios de resistencia sísmica. Esto inevitablemente genera interrogantes sobre el cumplimiento y fiscalización de esas normas, el mantenimiento de las estructuras y otros factores que podrían explicar la magnitud de los daños.
En Costa Rica, este tema merece especial atención. Vivimos en un país de alta sismicidad, sometido además a inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos naturales. Afortunadamente, contamos con una legislación estricta en materia de construcción, así como con la fiscalización del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, las municipalidades y otras instituciones responsables.
Sin embargo, precisamente por esas condiciones, no podemos pasar por alto las recientes advertencias de la Contraloría General de la República. El informe señala que todavía persiste una gestión demasiado orientada a reparar y reconstruir después de los daños, en vez de prevenirlos.
Entre sus hallazgos, advierte de que, en algunos proyectos de infraestructura eléctrica, no se incorporan suficientemente evaluaciones de riesgo multiamenaza desde sus primeras etapas. En infraestructura vial, señala que continúan desarrollándose obras vulnerables porque no siempre se consideran adecuadamente las amenazas climáticas ni se utiliza toda la información científica disponible para determinar los riesgos.
La Contraloría también identifica debilidades en los procesos de reconstrucción después de los desastres, particularmente en la definición de responsabilidades y en la preparación técnica de los equipos encargados. Asimismo, señala deficiencias en la incorporación de las comunidades y sus necesidades en determinados proyectos.
Estos señalamientos no significan que nuestra infraestructura sea insegura ni deben utilizarse para generar alarma. Pero, en un país altamente sísmico, constituyen advertencias que deben ser tomadas muy en serio.
No basta con disponer de buenas leyes y códigos de construcción. Es indispensable asegurar su cumplimiento, mantener una fiscalización permanente y, sobre todo, incorporar la prevención y la gestión del riesgo desde el diseño de una obra hasta su construcción y mantenimiento.
Las experiencias recientes de otros países deberían servirnos de advertencia. Siempre será mejor revisar y corregir hoy una posible vulnerabilidad que descubrirla después de un terremoto o una tragedia.
jecastillob@gmail.com
Enrique Castillo es catedrático retirado de la UCR, abogado, sociólogo, diplomático, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, y escritor.
