EscucharNuestro sistema de pesos y contrapesos será sometido a una verdadera prueba de fuego, durante el complejo trámite que deberá seguir la acusación presentada por la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.
En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si la investigación sobre el polémico contrato para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial con $405.800 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cumple o no con todos los requisitos jurídicos para llegar a los estrados.
En caso positivo, sería un contundente espaldarazo para la labor realizada por el Ministerio Público. En caso negativo, quedaría seriamente drenada su credibilidad ante la opinión pública.
Los magistrados, sin duda, encaran una de las decisiones más importantes de los últimos años. La probidad y el apego a la técnica judicial deberán prevalecer a la hora de analizar las pruebas, los testimonios y los procedimientos ofrecidos por el fiscal general, Carlo Díaz, en la causa contra Chaves y Rodríguez por el supuesto delito de concusión.
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La resolución de la Corte no solo deberá estar muy bien fundamentada, sino que también tendrá que ser muy bien explicada a los costarricenses, de modo que pueda resistir cualquier señalamiento de segundas intenciones.
En segundo lugar, si los altos jueces concluyen que existen elementos sólidos para solicitar el levantamiento de la inmunidad a los jerarcas acusados, el proceso pasará a la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán que tomar una decisión histórica en medio de una prematura campaña electoral.
Si bien los congresistas tendrán a mano el expediente del caso para revisarlo, es de esperar que la discusión política genere tensiones entre el bando que buscará conseguir los 38 votos necesarios para quitar el fuero, y el bloque oficialista que procurará descarrilar el proceso.
Existe el riesgo de que las hostilidades opaquen el debate sobre los argumentos de fondo. Sin embargo, los congresistas deben entender la importancia de tomar una decisión sustentada en la evidencia y motivada por el deseo genuino de que se aplique la justicia. De lo contrario, dejarán pasar una gran oportunidad de dignificar su imagen como representantes del pueblo.
Al final de cuentas, cada legislador tendrá que responder por el voto que emita en forma pública y vivir con las consecuencias.
