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Es falso que la Asamblea Legislativa aprobara recientemente el proyecto de ley conocido como “Ley Mordaza”, tal como se divulga, de manera errónea, en mensajes de WhatsApp.
La información difundida confunde la Ley de Delitos Informáticos, aprobada en el 2012, con la polémica “Ley Mordaza”, la cual fue retirada de la corriente legislativa hace ya casi cuatro años, y nunca fue aprobada, después de una serie de críticas a su contenido.
Además, ni la Ley de Delitos Informativos ni la fallida “Ley Mordaza” establecen penas de prisión de cuatro a diez años para quienes critiquen o se opongan al Gobierno, como señala el mensaje falso.
En el artículo 236, la Ley de Delitos Informáticos sí sanciona con cárcel de tres a seis años a quienes, por medio de información falsa, difundida por medios electrónicos, logren perjudicar la seguridad del país, o bien, el sistema financiero costarricense y a sus usuarios.
Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios.”
El mensaje erróneo señala: “Hace poco quedó en firme la Ley de Delitos Informáticos, aprobada por la Asamblea Legislativa, expediente número 17613, de manera que habrá que tener mucho cuidado con lo que se publica aquí en redes sociales. Esta ley se conoce como “Ley Mordaza” que enjuicia a cualquier ciudadano con penas de 4 a 10 años de cárcel, si el Gobierno considera que esa persona le difama.
“Aquí lo grave es que ya la prensa o cualquier ciudadano no tendrá derecho al acceso de la información pública, de manera que no podrá investigar ni denunciar todo acto de corrupción, denuncias que hasta no hace mucho destaparon verdaderos delitos como la Trocha, el Cementazo, Alcatel, los escándalos en el Poder Judicial, la Platina, la 27 etc, etc”.
La denominada “Ley Mordaza”, realmente se llamaba Ley General de Radiodifusión y fue impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en el 2015, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
No obstante, generó mucha polémica, fue criticada por medios de comunicación, sindicatos y diputados de todos los partidos, lo cual ocasionó que el texto fuera retirado de su discusión en el Plenario.
Además, deparó en la renuncia de la ministra y el viceministro del MICITT, Gisella Kopper y Allan Ruiz, respectivamente, quienes dirigieron la elaboración del documento.
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