La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) advirtió sobre la posible infiltración del crimen organizado, incluidos recursos vinculados al narcotráfico, en el financiamiento político-electoral de Costa Rica, según un primer informe divulgado sobre las elecciones nacionales de 2026 este martes 3 de febrero.
En el apartado dedicado al financiamiento de campañas, la Misión señaló que recibió “diversos relatos” de preocupación por la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo aquellos asociados al narcotráfico, así como por financiación prohibida proveniente del extranjero, en medio de la competencia política.
La MOE/OEA apuntó que el país mantiene desafíos históricos relacionados con la inequidad del sistema de financiamiento vigente y que esta realidad, sumada a la dependencia del dinero privado, incrementa la vulnerabilidad del proceso electoral.
El informe subraya que, aunque Costa Rica cuenta con un modelo mixto de financiamiento público y privado, el aporte estatal opera principalmente mediante reembolsos postelectorales, condicionados al cumplimiento de requisitos verificados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ese modelo, indicó la Misión, provoca una “excesiva dependencia” del financiamiento privado en un sistema que no establece límites a las contribuciones individuales ni topes de gasto para campañas, un escenario que diversos actores entrevistados consideraron problemático.
Además, el informe destaca la creciente utilización de los certificados de cesión de la contribución estatal, conocidos como “bonos”, mecanismo que permite a los partidos ceder parte de la deuda política futura para obtener recursos inmediatos. La MOE/OEA reportó que el monto total cedido autorizado alcanzó ¢71.317.500.000, cifra superior al monto total fijado por el TSE como contribución estatal para las elecciones nacionales (¢39.292.747.760).
Según la Misión, actores consultados señalaron que esta figura genera incentivos indeseados y tiende a beneficiar principalmente a financistas privados, lo que podría profundizar desigualdades y debilitar la equidad de la contienda.
Recomendaciones y controles
En el mismo informe, la MOE/OEA resaltó avances recientes para fortalecer la fiscalización, como la aprobación de la Ley N.° 10755, que refuerza los mecanismos de control del financiamiento político-electoral y el régimen sancionatorio, incluyendo herramientas para robustecer la supervisión de los recursos que ingresan a las campañas.
La misión también destacó que el TSE implementó mecanismos de intercambio permanente de información financiera con otras instituciones del Estado, amplió la capacitación en materia contable y habilitó un módulo web para denuncias sobre posibles infracciones a las normas de financiamiento.
Pese a estos avances, la MOE/OEA insistió en que persisten condiciones que favorecen la inequidad y la dependencia del dinero privado, por lo que reiteró la necesidad de reformas orientadas a reducir esas vulnerabilidades.
