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Recibos por agua que suman ¢6 millones ponen en peligro una propiedad con 1.465 viviendas de los proyectos Metrópolis y Óscar Felipe, en el distrito de Pavas, San José.
A causa de la deuda, acumulada desde 1999 por un solo abonado que residía en la zona, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pidió embargar la finca, donde ahora residen unas 5.000 personas.
El Juzgado de Cobro de Goicoechea acogió el pedido de embargo, que se tramitó bajo el expediente N° 14-029961-1012-CJ-3. En este, se gestiona un proceso de ejecución hipotecaria de la propiedad (posible remate), la cual está a nombre del extinto Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecrédito R.L. (Coovivienda R.L.).
La intervención y liquidación de esa cooperativa ocurrió en julio de 1999. Sus activos, incluyendo el terreno de esos proyectos, son administrados actualmente por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para diversos efectos legales como la segregación y adjudicación de títulos de propiedad.
Como las viviendas que se encuentran en estos dos proyectos no están segregadas, el embargo afecta toda la propiedad y a las familias que viven allí.
Luis Montoya, gerente general del Banhvi, expresó a la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, su preocupación por la “alarmante” situación.
Según Montoya, el suministro de agua que se está facturando beneficia a unos habitantes de la propiedad y no a Coovivienda.
“Recomendamos que se giren las instrucciones para que se detenga el proceso de ejecución judicial, dado que se ponen en peligro los derechos habitacionales de cientos de familias, la mayoría de ellas, ajena a la supuesta deuda”, expresó Montoya en una carta dirigida a Astorga, el 30 de marzo anterior.
Rodolfo Lizano, director jurídico del AyA, expresó que la demanda se presentó contra el propietario registral (Coovivienda), independientemente de quién generó la deuda.
“No podemos revisar qué pasa dentro de la propiedad. La deuda está facturada y, en virtud de las disposiciones de la legislación , se procedió al cobro judicial”, dijo.
Arreglo de pago. El Banhvi, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el AyA tratan de llegar a un acuerdo para evitar el remate de la finca, que es el proceso que sigue tras el embargo efectuado.
“Cuando vemos que hay proyectos de interés social, contactamos con las instituciones para buscar una alternativa al remate. Propusimos suspender el proceso judicial para que entremos a negociar y no vaya a darse un remate de la finca. El AyA no puede dejar de cobrar, es una deuda real”, expresó Lizano.
Las autoridades del Banco solicitaron una reunión con Astorga para hablar del tema.
Alexánder Sandoval, subgerente financiero del Banhvi, dijo que aún no han dialogado con las familias que habitan en esos dos proyectos desde 1990.
En Metrópolis II y Óscar Felipe, los pobladores desconocen la situación, como comprobó La Nación en un recorrido.
“Yo tengo como seis años de vivir aquí y siempre he sido puntual con los pagos de recibos del AyA. Hasta ahora sé que por una deuda de otro nos quieren quitar la propiedad”, dijo Linder Artavia, de 24 años y vecina del proyecto Óscar Felipe.
A Yerlyn Peralta, de 19 años, le asusta que este problema pueda dejar a su familia sin casa.
“A nosotros, el AyA no nos ha dicho nada. Nosotros no tenemos títulos de propiedad; nos dijeron una vez que este terreno pertenecía a la Caja”, relató Peralta, quien vive en Metrópolis II.
