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El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) devolvió, el 21 de setiembre, ¢22.454 millones que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) destinó hace casi cuatro años para la atención de 700 familias que perdieron sus casas por los efectos del huracán Tomás.
La falta de ejecución del fondo fue la causa de su devolución. Además, el 31 de diciembre del 2014, venció el convenio entre la CNE y el Banhvi para la administración de esos recursos.
El huracán Tomás impactó indirectamente al país del 2 al 8 de noviembre del 2010.
Además de causar la muerte de 23 personas, dejó sin vivienda a familias de Puntarenas, Guanacaste, San José y Cartago, debido a la crecida de ríos y quebradas.
Atención sigue. Luis Montoya, gerente del Banhvi, informó de que ya solicitó a la CNE firmar un nuevo convenio, en virtud de que los trámites de atención a los damnificados aún no finalizan.
Ese nuevo convenio todavía está en el proceso de firma.
Montoya explicó que el documento contendrá una cláusula para permitirle al Banhvi utilizar de nuevo los recursos en ayudas a los damnificados de Tomás y los que dejaron otras tormentas.
Según Montoya, el convenio eliminaría el sistema actual de administración de recursos por uno de reembolso al Banhvi, por cada beneficio que otorgue.
Empero, el visto bueno a esa propuesta dependía de que el Banhvi devolviera los ¢22.454 millones a la CNE, que estaban sin uso en la Caja Única del Estado.
La CNE pretende, con la consumada devolución, utilizar los recursos para empezar a generar intereses a su favor.
Dudas. Las explicaciones del Banhvi sobre la devolución a la CNE no satisfacen a Gerardo Vargas, legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Para él, es claro que la devolución de los recursos para ayudar a las víctimas de Tomás tiene su origen en los problemas de subejecución de recursos que, según afirmó, aqueja al sector vivienda desde inicios de este gobierno.
Vargas dijo que lo sucedido con los recursos para la emergencia es reflejo de lo que sucede con el presupuesto del Banhvi para la erradicación de precarios.
“La Junta Directiva del Banco acordó trasladar ¢5.100 millones del presupuesto para atender precarios al rubro de bonos ordinarios de vivienda, con el fin de ‘maquillar’ la subejecución presupuestaria, pues es más fácil ejecutar ese presupuesto que el de los precarios”, afirmó Vargas.
El diputado no descartó impulsar una moción para que el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol, llegue nuevamente a dar explicaciones al Congreso sobre la utilización de los recursos para el sector vivienda.
Sin embargo, Montoya desmintió que el Banhvi vaya a cerrar este año con un superávit en el presupuesto para la erradicación de precarios y dijo que la redistribución que critica Vargas es usual en la institución.
