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La ocupación de espacios públicos en playa Dominical, en Osa de Puntarenas, mantiene desde hace años un conflicto entre comerciantes, vecinos, ocupantes y autoridades municipales. El caso llegó hasta la Sala Constitucional, que ordenó a la Municipalidad de Osa ejecutar las acciones necesarias para resguardar el sector costero de Dominical. Sin embargo, el problema persiste.
La resolución se originó en un recurso de amparo presentado por el abogado Karl Villalobos Hoffmann, en representación de comerciantes de la zona. Los vecinos sostienen que las acciones municipales resultaron insuficientes porque personas desalojadas regresaron a la zona marítimo terrestre (ZMT) después de los operativos.
La sentencia constitucional N.° 2025-037551 había ordenado a la Municipalidad de Osa ejecutar las actuaciones necesarias para proteger el sector costero.
La Sala concedió un plazo de cuatro meses para ejecutar las acciones correspondientes y ese período venció el 14 de marzo del 2026.
El abogado Karl Villalobos explicó a La Nación que la disputa se relaciona con la presencia de viviendas improvisadas, toldos, ventas y otras estructuras dentro de la zona marítimo terrestre. Según relató, los vecinos acudieron a la vía constitucional después de realizar reiteradas solicitudes al alcalde para la recuperación del espacio público.
Un episodio similar ocurrió en agosto. Funcionarios municipales retiraron el 13 de agosto a personas que ejercían actividades comerciales en la zona, pero parte de los ocupantes regresó el 14 de agosto.
El abogado cuestionó la efectividad de los operativos porque los desalojos temporales no garantizan que el espacio permanezca libre. En criterio del abogado, la orden constitucional requiere medidas permanentes para recuperar la zona pública.
La propia Municipalidad informó a la Sala sobre acciones para atender la situación, el 4 de agosto. El alcalde Mainor Anchía y Daniela López, directora interina de la zona marítimo terrestre, comunicaron que el gobierno local impulsaba un plan estratégico de operación conjunta.
El planteamiento contemplaba coordinación con Fuerza Pública, Policía de Migración, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Fiscalía Ambiental y Ministerio de Salud.
El objetivo era programar operativos y ejecutar acciones administrativas para recuperar la zona pública y revisar la situación de quienes permanecieran irregularmente en el sector.
El artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.° 6043, establece restricciones para realizar construcciones, instalaciones, actividades u ocupaciones sin la autorización correspondiente. El artículo 13 contempla el desalojo de infractores y la demolición de construcciones o instalaciones en los supuestos establecidos por la normativa, según el texto citado por los recurrentes.
Villalobos explicó que el objetivo del recurso consiste en garantizar el carácter público de estos terrenos y permitir el acceso de residentes, visitantes y turistas. Afirmó que corresponde a la Municipalidad ejercer sus competencias para evitar nuevas ocupaciones irregulares en el área.
