La incertidumbre y el descontento prevalecen entre vecinos de Cebadilla y San Miguel en Turrúcares, desde que se avivó la discusión sobre la eventual instalación de un relleno sanitario en un terreno ubicado a unos 6 kilómetros del centro de ese distrito alajuelense.
La principal preocupación de los habitantes de esas comunidades es por dónde pasará la basura de miles de personas de otros cantones para llegar hasta ese depósito,
Mientras el gobierno prometió “mejorar y ampliar” vías para el tránsito de camiones pesados, la empresa EBI (que gestionaría el relleno), reconoció que no tiene claro cuál sería la ruta de acceso ni ha adquirido terrenos para esa eventual solución vial.
Actualmente, para llegar a la finca donde la empresa canadiense planea construir lo que llamaron un “parque de tecnología ambiental” hay solamente dos vías que dependen de un único acceso desde la ruta 27.
La primera atraviesa el centro de Turrúcares hasta llegar a la comunidad de San Miguel y desde ahí recorre unos 3 kilómetros más entre viviendas, casas de recreo y fincas avícolas, hasta uno de los accesos a la propiedad.
La otra ruta también implica pasar por un tramo del centro de Turrúcares (al menos hasta que se construya un supuesto acceso desde la vía a Caldera), para luego atravesar la localidad de Cebadilla y recorrer los cerca de 4 kilómetros que separan esa intersección de la ruta 721 con otro de los puntos de ingreso a la propiedad.
La finca, de más de 84 hectáreas, colinda en el otro extremo con el río Virilla y se encuentra actualmente cerrada y con vigilancia permanente, a pesar de que no hay obras ni movimientos de tierra en ejecución.
Malos olores y caos vial
Actualmente, ni siquiera la empresa ha detallado con claridad, cuál sería el recorrido que seguirían los camiones con desechos hasta el “parque ambiental” en caso de que el proyecto prospere.
Por otra parte, la visita de varias autoridades del gobierno a la comunidad, el pasado 4 de noviembre, lejos de tranquilizar o aclarar dudas a los habitantes, más bien generó molestias por el condicionamiento de obras a cambio de apoyar el proyecto y aumentó las inquietudes sobre el plan.
La comitiva oficial estuvo encabezada por el exmandatario Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda.
“Chaves dice que va a dar 6.000 millones de pesos, pero perder eso no es perder plata, porque vamos a perder miles de miles de millones en las propiedades. ¿Quién va a querer Turrúcares si lo vamos a convertir en el distrito del basurero?”, manifestó Álvaro Valverde, un adulto mayor de 75 años, quien ha vivido toda su vida en San Miguel y depende de una pequeña propiedad donde tiene algunas vacas.
Aunque no estuvo en la reunión, Valverde parece estar bien informado y conoce las ofertas que hizo el ministro de Hacienda relacionadas con construir escuelas y calles para evitar que la basura pase por el centro del pueblo. Sin embargo, duda que las cumplan.
“Ustedes saben lo que tiene. Vea la carretera de San Ramón, vea la carretera de San Carlos; todavía no han podido expropiar y tiene 40 años de estar en eso.
“¿Sabes qué van a hacer? Le van a decir, bueno, vamos a pasar por el centro de San Miguel, por esta ruta y mientras que hacemos el camino. 50 años después todavía no han podido hacerlo (...); una vez que tengan el permiso y la entrada les vale. Entonces, no es que no les creemos, es que hay antecedentes”, sentenció.
Una preocupación similar comparte doña Emilce Barquero, quien también es vecina de San Miguel.
“Primero la contaminación y luego el lugar es un lugar lindo. Hay mucha fauna, muchas cosas bellas... Y también los olores”, respondió cuando se le consultó qué es lo que más le preocupa sobre el eventual botadero.
Barquero comentó que en el pasado enfrentaron problemas viales cuando se instaló una empresa avícola de gran tamaño en la zona. Sostuvo que el problema se resolvió, pero que ahora temen que se repita, con el agravante de que ya no serían camiones cargados de pollo sino de desechos.
“Este este pueblo es muy tranquilo, así como lo ve se pasa el día y noche; y que ahora vea esa cantidad de carros pasar. Y lo peor es que uno no sabe cuántos años va a ser eso que no pueda uno ni siquiera cruzar la calle por la cantidad de carros”, agregó.
La mujer, además, calificó de injustas las condiciones que puso Chaves a cambio de las obras ofrecidas en la reunión que se realizó en el liceo de la comunidad.
“No es justo, porque se supone que el gobierno, al nosotros pagar los impuestos, tiene la obligación de darnos todo eso. ¿Por qué nosotros vamos a vender lo que es de nosotros por algo que ellos tienen que darnos? Y usted sabe cómo son, que ofrecen y no cumplen”, afirmó.
Santos Oporta tiene 13 años de vivir en Turrúcares y, al igual que otros pobladores, centra su principal preocupación en torno a la seguridad de los menores que acuden al centro educativo ubicado en la ruta que comunica con la finca Bajo Pita.
Oporta aseveró que las calles en San Miguel, que de por sí ya son pequeñas, colapsarían fácilmente. Además, consideró innecesario que se condicionen obras a la instalación del basurero.
Por su parte, Edgar García creció en la zona y aunque ahora vive en la capital visita con frecuencia su pueblo natal. Su mayor temor es que se repita lo que ha ocurrido con otros botaderos de basura, como Río Azul en La Unión.
“Eso fue un foco de contaminación para toda la zona sur de San José, Desamparados, Tirrases y toda esa zona. Eran malos olores, camiones de recolectores que pasaban por todas las calles y dejaban los fluidos hediondos durante todo el día que no se puede ni comer. Es una calidad de vida muy mala la que se tiene en los alrededores de un botadero de basura.
“Si eso se permite que suceda en esta zona, se va a convertir toda la zona en un nuevo basurero”, advirtió García. Sostuvo que hay otras zonas más apropiadas para un botadero de basura, pues alegó que en ese sector de Turrúcares hay varias nacientes que también serían impactadas.
Sin ruta clara
“Yo le puedo garantizar a usted que los camiones no van a pasar por el centro, si es que la Municipalidad (de Alajuela) hace lo correcto. La idea es que los camiones pasarían por la ruta 27 a la altura de los Tajos de Cebadilla, se desvían por una carretera nueva que no pasa por el centro y que está dirigida de la 27 a la finca de Bajo Pita”.
Esa fue una de las afirmaciones que hizo el ministro Chaves durante el “conversatorio” con vecinos de la comunidad, el pasado 4 de noviembre.
En ese mismo evento y tras una pregunta directa del exmandatario, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, respondió que se buscaría mejorar la ruta 721 en el tramo entre Tajo Florencia y Cebadilla, para lo cual ya se trabaja en los diseños. No obstante, admitió que habría que ajustarlos para el “tránsito pesado que eventualmente va a haber ahí”.
“Si la Municipalidad de Alajuela hace lo correcto, ¿cuándo puede usted movilizar maquinaria para pavimentar, ampliar la (ruta) 721, para la 136 y sobre todo para el acceso a ruta nacional de los camiones ahí por los Tajos de Cebadilla? A ver, dígale a la gente; yo firmo lo que usted diga”, insistió Chaves a Zeledón.
El jerarca del MOPT detalló que el primer tramo se podría intervenir en marzo del próximo año y el segundo, en octubre. Entonces, Chaves le indicó que procurara hacerlo para junio, además de recomendarle reunirse con EBI “para negociar” que contribuyan con el costo del acceso a la ruta nacional.
La Nación consultó a EBI sobre la supuesta ruta que, según Chaves, la empresa construiría. También se le pidió información sobre la solución vial que plantearía para el acceso a la ruta 27, las vías existentes que contemplarían en el recorrido para el traslado de los camiones y la distancia total que cubriría la supuesta obra nueva.
Además, se le pidió detallar si cuenta con las propiedades necesarias para ejecutar esas obras, el plazo que tardarían en disponer de esa alternativa vial y la posible ruta provisional que se usaría mientras esta se completa, en caso de que el parque de tecnología ambiental inicie operaciones antes.
A la empresa también se les pidió indicar el estimado en toneladas de residuos o camiones de basura diarios que se recibirían por día en ese relleno sanitario y el tiempo que tardarían en comenzar a operar en caso de que obtuvieran los permisos.
La compañía emitió una respuesta de dos párrafos en la que indicó lo siguiente:
“La posible operación de un Parque de Tecnología Ambiental (PTA) requiere una tramitología importante y es difícil contemplar una estimación. Sin embargo, se podría estimar un tiempo de 5 años para una posible puesta en marcha.
“Sobre el tema de la vía de acceso al proyecto, en este momento se está realizando el estudio para buscar una opción con el menor impacto posible a la comunidad. No hay nada definido por el momento y la empresa no ha adquirido terrenos o fincas”.
Por su parte, el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson aseguró que no han recibido ningún detalle de la propuesta de EBI, ni tampoco han conversado al respecto con autoridades del gobierno, incluido el MOPT.
No obstante, Thompson sostuvo que cualquiera de las opciones impactaría vialmente a muchas comunidades del distrito. Señaló que ninguna de esas carreteras tiene las condiciones para “sobrellevar lo que significa la cantidad de camiones de basura que pasarían por ahí”.
Agregó que ninguna de las opciones mencionadas por el gobierno en el “conversatorio” evita pasar por las poblaciones.
“Aunque se abriera ese nuevo acceso por la 27, que es lo que yo entendí, eso no evitaría que comunidades, como por ejemplo Cebadilla, se vean impactada por todos los camiones que pasarían”, aseveró.
El alcalde, además, indicó que no han recibido tampoco solicitudes o gestiones de parte de la empresa para mejorar las condiciones de las rutas existentes.
Actualmente, EBI mantiene un arbitraje internacional contra el Estado de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la revocatoria de uso de suelos emitida por el ayuntamiento alajuelense. El reclamo de la firma rondaría los $150 millones.
Dichos permisos fueron emitidos en el 2011 y anulados en el 2016; actualmente, enfrentan procesos de lesividad. En su reciente visita, Chaves presionó a los regidores de Alajuela para que estos sean retirados.
Según el ministro, EBI se habría comprometido a retirar la demanda contra el Estado si la Municipalidad retira el proceso de lesividad.
Al respecto, el alcalde Thompson sostuvo que el arbitraje planteado por la compañía se encuentra fuera de plazo.
Asimismo, indicó que los procesos de lesividad no son la única gestión pendiente que tiene la empresa para un eventual inicio de operaciones.
Según explicó, dichos procesos legales únicamente mantienen en suspenso los permisos de uso de suelo.
“Más allá de los usos de suelo, la Municipalidad tiene que cotejar una serie de requisitos que son fundamentales para desarrollar cualquier proyecto (...). Me refiero a un proyecto que atente contra el plan regulador urbano, contra disposiciones ambientales o que no cumpla con las condiciones de vialidad requeridas para desarrollar”, afirmó.
Según Thompson, el trámite de estos y otros requisitos corresponde a distintos departamentos dentro del gobierno local y no depende del aval de los regidores.