Tras el conversatorio que el ministro Rodrigo Chaves sostuvo con vecinos de Turrúcares el 4 de noviembre sobre el relleno sanitario de EBI, el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, cuestionó la propuesta del Gobierno y defendió las actuaciones municipales.
En conversación con La Nación, Thompson también explicó cómo se otorgaron los usos de suelo a la empresa, las acciones legales emprendidas por la Municipalidad y los argumentos técnicos y jurídicos con los que asegura que el país puede defenderse ante un arbitraje internacional.
“A nosotros nos parece que eso es jugar con la dignidad del pueblo de Turrúcares porque son obras que se necesitan”, manifestó el alcalde en referencia a la propuesta de Chaves de invertir casi ¢6.000 millones en carreteras, puentes, centros de cuido y otras obras comunales, a cambio de que el Concejo Municipal retire los procesos de lesividad antes del 2 de diciembre.
“No se vale, sinceramente, llegar a una comunidad a ofrecer una serie de obras que requieren, urgen y necesitan, a cambio de algo”, expresó.
El alcalde también rechazó las afirmaciones de Chaves sobre el eventual resultado del arbitraje internacional. El ministro sostuvo que EBI reclama una indemnización de $154 millones y que la defensa del Estado costaría $4 millones.
“Me parece que es aventurarse el decir que Costa Rica va a perder una demanda internacional y que va a tener que pagar 150 millones. Ya lo hemos visto en otros casos como el de Crucitas. ¿Quién dice que Costa Rica no puede ganar ese litigio internacional si se defiende con los argumentos?”, cuestionó Thompson.
El alcalde insistió en que la Municipalidad dispone de argumentos técnicos y jurídicos que puede aportar para respaldar la defensa del país.
Thompson explica qué ocurrió con los usos de suelo de EBI
Para explicar el origen del conflicto, Thompson reconstruyó las actuaciones municipales desde el 2011. Según detalló, ese año los propietarios de terrenos en San Miguel de Turrúcares solicitaron usos de suelo para desarrollar un parque industrial destinado al tratamiento de desechos.
El Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad de Alajuela emitió las constancias después de determinar que las solicitudes cumplían los requisitos correspondientes. Thompson precisó que esos documentos fueron emitidos por el departamento técnico y no por la Alcaldía.
Posteriormente, EBI adquirió los terrenos e inició gestiones ante otras instituciones, entre ellas la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Ministerio de Salud. El alcalde enfatizó que los usos de suelo no constituyen autorizaciones para construir ni desarrollar movimientos de tierra.
Agregó que estos documentos permiten determinar si una finca reúne determinadas condiciones para el desarrollo de una actividad, pero no sustituyen los demás permisos requeridos.
“La confusión de mucha gente es que ha dicho que la municipalidad dio permisos municipales. Eso no es cierto. No existe ningún permiso”, aseguró.
De acuerdo con su reconstrucción, los vecinos de Turrúcares cuestionaron los usos de suelo y presentaron recursos administrativos para solicitar su nulidad.
En el 2016, durante una de sus administraciones, Thompson firmó una resolución que declaró la nulidad de cinco usos de suelo, tras identificar vicios técnicos relacionados con el plan regulador y problemas de carácter jurídico, según su explicación.
Posteriormente, la Alcaldía remitió el asunto al Concejo Municipal, que acordó iniciar las acciones de lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Estos procedimientos buscan que se resuelva judicialmente la validez de los actos administrativos cuestionados.
El alcalde también explicó que EBI realizó recientemente una gestión ante el departamento municipal competente, pero la solicitud fue rechazada.
Entre las razones mencionó los procesos de lesividad pendientes, tres acuerdos del Concejo Municipal contrarios a la instalación del relleno sanitario y requisitos que, según afirmó, la empresa no ha cumplido.
“La empresa no tiene ningún tipo de permiso, ni ha tenido ningún tipo de permiso para realizar movimientos de tierra o para realizar ningún tipo de construcción, porque no ha cumplido con los requisitos que establece la municipalidad”, sostuvo.
¿Cómo llegó el conflicto a un arbitraje internacional?
EBI comunicó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) su intención de acudir a un arbitraje contra el Estado costarricense, al amparo del tratado de libre comercio entre Costa Rica y Canadá.
Según relató Thompson a La Nación, la Municipalidad tuvo conocimiento de esa gestión mediante una comunicación de Comex, que informó sobre el reclamo de la empresa relacionado con las actuaciones que han impedido el desarrollo del proyecto en Turrúcares.
Posteriormente, representantes del Concejo Municipal de Alajuela participaron en una reunión en Casa Presidencial con Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, para abordar la situación y las posibles consecuencias económicas del procedimiento internacional.
De acuerdo con el alcalde, durante ese encuentro los representantes municipales reiteraron su oposición al proyecto y manifestaron que mantendrían las acciones emprendidas contra los usos de suelo otorgados a EBI.
Tiempo después, el 4 de noviembre, Chaves encabezó un conversatorio con vecinos de Turrúcares, en el que ofreció casi ¢6.000 millones en obras públicas a cambio de que el Concejo Municipal retirara los procesos de lesividad antes del 2 de diciembre.
Thompson afirmó que no recibió una invitación formal para participar en ese conversatorio.
“Yo no recibí una invitación formal de parte de nadie, ni de la Casa Presidencial ni de nadie. Yo tomé la decisión de no asistir porque mi posición ha sido, es y seguirá siendo un no rotundo a la instalación del basurero ahí”, manifestó.
La intervención de Chaves a favor del proyecto de EBI se produjo en medio de la controversia por los vínculos de un empresario relacionado con la compañía y la campaña presidencial de Laura Fernández.
La Nación reveló en exclusiva que Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica y quien se presenta como asesor de la empresa, aportó ¢5 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO) el 6 de agosto del 2025. El empresario también participó como coordinador de Transportes en la campaña presidencial de Fernández.
Municipalidad ofrece argumentos técnicos y jurídicos para arbitraje
El alcalde hizo una distinción entre la solicitud de arbitraje y una condena contra Costa Rica. Sostuvo que el país todavía tiene la posibilidad de defender sus actuaciones y que no se puede dar por hecho el pago de la indemnización reclamada por EBI.
Asimismo, sostuvo que la Municipalidad de Alajuela dispone de argumentos técnicos y jurídicos para respaldar sus actuaciones y contribuir a la defensa del Estado costarricense.
Entre los elementos mencionó la resolución municipal del 2016, mediante la cual se declaró la nulidad de los usos de suelo por supuestos vicios técnicos y jurídicos, los acuerdos del Concejo Municipal contrarios al relleno sanitario y los requisitos que, según afirmó, la empresa no ha cumplido para obtener permisos de construcción.
El alcalde explicó que esa documentación puede ponerse a disposición del Ministerio de Comercio Exterior para respaldar la posición del país ante el arbitraje internacional.
Thompson también señaló que la Alcaldía podría recurrir al veto si el Concejo Municipal adopta un acuerdo para retirar los procesos de lesividad, que resulte contrario a la posición mantenida por el gobierno local.