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El Tribunal Administrativo de Transportes suspendió la operación de siete nuevas rutas de bus que recorrerían la periferia de San José a partir de mañana.
Se trata de los recorridos Desamparados-Moravia; Guadalupe-La Uruca; Hatillo-Guadalupe; Moravia-La Valencia; Escazú-Hospital México; Escazú-Alajuelita y Santa Ana-San Antonio de Belén-La Valencia.
Los jueces Rónald Muñoz Corea, Marta Luz Pérez Peláez y Luis Gerardo Fallas Acosta consideraron que hubo actos “irracionales” de parte del MOPT en el concurso realizado para escoger quién operaría las rutas.
Karla González y Viviana Martín, ministra y viceministra de Transportes, anunciaron anoche que apelarán la decisión y, además, presentarán una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (el cual ve asuntos del Estado) para pedir que se revoque la suspensión.
El Consorcio Transporte Sectorial MPT S. A. (conformado por 34 autobuseras) ya disponía de 100 autobuses para poner a funcionar mañana los nuevos recorridos.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) invirtió ¢22,5 millones en señales, sin contar gastos en publicidad.
Apelación. El Tribunal de Transportes falló ante una apelación de la empresa Autobuses Barrantes y Araya S. A., concesionaria de la ruta actual entre Santa Ana y Belén.
Dicha compañía concursó por el recorrido Santa Ana-Belén-La Valencia, pero no lo ganó.
Según los jueces, el pasado 26 de febrero, el Consejo de Transporte Público (CTP) invitó a cualquier interesado a concursar por las nuevas rutas y otorgó 10 días hábiles para presentar las ofertas.
Ese anuncio no especificó la forma en que debían ser presentadas las propuestas, añade la sentencia dada a conocer por el diputado libertario Mario Quirós.
Pero el 11 de marzo, cuatro días antes de la fecha en que debían presentarse las ofertas, el CTP publicó en La Gaceta un conjunto de requisitos para concursar, así como una tabla de evaluación.
Para introducir esas nuevas exigencias, el Consejo alegó que su junta directiva había incurrido en un “error” al no establecer el sistema de evaluación, dicen los jueces.
Además, continúa la sentencia, el sistema de evaluación le asignaba cierta parte del puntaje solo a quienes tuvieran experiencia en rutas urbanas “sin que se explique por qué razón jurídica y técnica se excluye al resto de interesados”.
Con ese sistema de calificación, la experiencia de Barrantes y Araya perdía puntos, pues su ruta (Santa Ana-Belén) es calificada por el MOPT de interurbana, aunque una nueva ruta intersectorial (Santa Ana-Belén-La Valencia) compartiera su recorrido.
Otro de los requisitos exigidos era una estimación de demanda mensual promedio de la ruta.
Según el Tribunal, el proceso resultó violatorio al principio de legalidad, por lo que declaró la nulidad absoluta en el acuerdo del CTP que exigió los requisitos.
“La omisión del sistema de evaluación no puede justificar al Consejo para que incorpore o establezca nuevos requisitos”, dictaron los jueces.
Jerarcas reclaman. La Ministra y la Viceminsitra alegaron que, en su criterio, el Tribunal sentenció aunque Barrantes y Araya no podía apelar porque había desistido de concursar a título personal.
Martín agregó que lo publicado el 11 de marzo no fue un cartel, sino unas “referencias” porque lo que se adjudicaría no era concesión, sino un permiso temporal.
En cuanto al requisito de la experiencia en rutas urbanas, la Viceministra sostuvo que esa exigencia provino de un decreto del 2000, según el cual ese es el tipo de operador idóneo para este caso.
Las jerarcas dijeron que, aún sin esos puntos, ningún competidor habría igualado al ganador.
María Elena Fonseca, abogada de Barrantes y Araya, aseguró que esa firma se vería perjudicada económicamente con la nueva ruta intersectorial, pues esta compartiría en un 90% el mismo recorrido.
Este medio intentó conocer la versión del consorcio que ganó las rutas, pero no fue posible.
