Tres cooperativas presentaron dos demandas separadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la Contraloría General de la República (CGR), por la elaboración y el manejo institucional de la nota técnica (DFOE-BIS-NT-00001-2024), documento que el Ministerio Público utilizó como insumo en el caso penal conocido como “Barrenador”.
Las demandantes son la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud), la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral (Coopesaín) y la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana).
La División Jurídica de la Contraloría informó de que no ha sido notificada de procesos judiciales en contra del documento.
Coopesalud, Coopesaín y Coopesana participaron en la licitación 2023LY-000002-0001101142 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, el Área de Contabilidad de Costos realizó un análisis que calificó las ofertas como “excesivas”.
La Junta Directiva de la CCSS pidió estudios adicionales, descartó ese criterio y adjudicó varias áreas de salud. Posteriormente, el 17 de julio del 2024, funcionarios de la Contraloría elaboraron una nota técnica (DFOE-BIS-NT-00001-2024) que respaldaba el estudio cuestionado, y la enviaron al Ministerio Público, según la demanda.
La nota reafirmó el documento inicial emitido por el Área de Contabilidad de Costos, en el cual se alertaba supuestos “precios excesivos” en la licitación. Luego, en setiembre del 2024, el Ministerio Público llevó a cabo una serie de allanamientos por los supuestos sobrecostos en las adjudicaciones.
Contenido de las dos demandas
Las cooperativas presentaron dos demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la CGR.
La primera demanda se dirige contra la Contraloría como institución, además de la contralora Marta Acosta y el auditor interno de apellidos Suárez Esquivel. Las cooperativas señalan que la CGR cerró sin sustento adecuado una denuncia que habían presentado sobre la actuación de los funcionarios involucrados en la elaboración de la nota técnica.
Según las cooperativas, la denuncia fue cerrada porque “se trata de una investigación en curso” en sede judicial. Sin embargo, las empresas de salud consideran que dicha argumentación es insuficiente.
Las cooperativas también reprochan que se les rechazara el recurso de revocatoria y apelación contra esa decisión. Argumentan que Acosta y Suárez actuaron en oposición al ordenamiento jurídico.
A Suárez, además, le achacan haber rechazado la denuncia inicial y la revocatoria; mientras que a la contralora le atribuyen negar el recurso de apelación.
Las cooperativas solicitaron al Tribunal Contencioso que se declare la nulidad absoluta del oficio por medio del cual rechazó la denuncia interpuesta por las cooperativas ante la CGR, así como de los documentos que rechazaron los sucesivos recursos.
Piden, además, declarar que tanto la contralora como el auditor de la CGR incumplieron de “manera grave sus responsabilidades, deberes y potestades”.
La segunda denuncia apunta directamente a la CGR y a seis funcionarios de la Contraloría. Según las cooperativas, ellos actuaron con “culpa grave” y con “negligencia” al emitir la nota técnica que validó el estudio de costos de la CCSS (emitido por el de Área de Contabilidad de Costos y que alertaba supuestos “precios excesivos”).
En este proceso, cuestionan también el proceso de tramitación de la nota técnica.
Según la demanda, dos funcionarios “actuaron en forma precipitada, arbitraria y en incumplimiento grave de sus funciones más esenciales al haber tramitado, en escasos minutos, la citada nota técnica y por haberla remitido al Ministerio Público sin la más mínima revisión, verificación o validación”.
Las cooperativas solicitan en su demanda que se declare la nulidad absoluta de la nota técnica y que “los funcionarios demandados incumplieron, de manera grave sus responsabilidades, deberes y potestades”.
En ambas demandas, solicitan que se condene al Estado al pago de costas.
La Nación solicitó a la Contraloría General de la República una reacción ante las demandas.
Caso Barrenador
El Caso Barrenador es una investigación penal por un posible sobreprecio en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana.
El 23 de setiembre del 2024 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Policía Judicial ejecutaron 28 allanamientos para detener a ocho personas a las que investigan por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
En el expediente, se investiga el posible sobreprecio de ¢12.400 millones en los contratos de administración de Ebáis adjudicados a cuatro cooperativas y una asociación médica.
En ese momento, se detuvo a: Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de CCSS; María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja, los directivos, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno, y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.