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Solo en el pago de anualidad o incentivo por antigüedad laboral, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorgó a sus trabajadores ¢189.000 millones en el 2017, siendo la institución pública con el gasto más alto por este concepto.
Como en la Caja, este plus salarial se entrega casi a todos los funcionarios en las entidades estatales, independientemente de su rendimiento laboral, como señala un informe sobre esquemas remunerativos elaborado por la Contraloría General de la República.
Para evitar que ese sobresueldo sea prácticamente automático, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre anterior, delegó en el Ministerio de Planificación (Mideplán) y en la Dirección General del Servicio Civil la creación del método de evaluación de desempeño. Esta herramienta deberá implementarse a partir de julio.
A raíz de este cambio, las instituciones públicas deberán establecer metas claras y cuantificables por departamento en sus planes operativos anuales. Las metas deben responder a los objetivos que cada cuatro años, el Gobierno de turno marca en su Plan Nacional de Desarrollo.
A final de cada año, los departamentos de recursos humanos de todas las entidades estatales, tendrán que definir si las jefaturas y los departamentos lograron las metas trazadas en el plan operativo anual de la institución.
Si una unidad de trabajo alcanzó la meta, los trabajadores recibirán su anualidad; si por el contrario, un departamento se quedó corto en el objetivo, los empleados que lo integran se quedarán sin el beneficio.
Así fue como describió el funcionamiento de la herramienta de evaluación el director general de Servicio Civil, Alfredo Hasbum.
“La ley dice que se requiere una calificación mínima de “muy bueno” o “excelente”. De manera tal, que hay una vinculación directa con la obtención de resultados”, aseguró Hasbum.
Ministra de Planificación: ‘La evaluación mejorará los servicios que preste el Estado’
La herramienta calificadora evitará que sean los jefes directos de los funcionarios públicos quienes determinen si un empleado es merecedor del beneficio salarial, pues según detalló la ministra de Planificación, Pilar Garrido, la calificación del superior únicamente corresponderá al 20% de la evaluación, el otro 80% lo determinará el cumplimiento de las metas trazadas.
“La metodología de evaluación no solo busca la obtención de metas, también pone en valor el servicio que reciben las personas”, aseguró Garrido, quien adelantó que esta evaluación se complementará con las iniciativas que impulsará el Gobierno a través de la reforma al Empleo Público, que se presentará en marzo próximo.
El Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y las instituciones autónomas deberán establecer su propio método para evaluar el rendimiento de sus trabajadores, debido a la independencia que estas entidades gozan. No obstante, deberán rendir cuentas ante la Contraloría General de la República por la entrega del beneficio.
A pesar de que la evaluación no aplicaría a todas las instituciones estatales, hay otros cambios implementados por la reforma fiscal que sí deben acatar todas las entidades públicas, iniciando por el recorte del beneficio salarial.
Anteriormente, en algunas entidades estatales la retribución por año servido correspondía hasta más de 5% del sueldo del trabajador y además se contemplaba el aumento de ley para calcular el beneficio anualmente.
Ahora, con la reforma fiscal, la anualidad quedó establecida en 1,94% para los profesionales y en 2,54% para los no profesionales. Además se tomará como base el salario inicial con el que se ganó el beneficio, y no con la remuneración que contempla el aumento anual.
¿Está en capacidad el Estado para evaluar a todos sus trabajadores?
A pesar de que ambos jerarcas trabajaron juntos en el desarrollo del procedimiento de evaluación de desempeño de los servidores públicos, ambos tienen diferentes expectativas sobre su implementación.
“Sí claro, la evaluación del desempeño es viable. Se necesita hacer ajustes y va a requerir consolidación en el corto y mediano plazo, pero estamos en capacidad de realizarlo”, aseguró la ministra Pilar Garrido, al consultársele sobre si el Estado tiene capacidad para evaluar de forma correcta a todos sus funcionarios.
Contrario a la posición decidida que mostró la ministra Garrido a la pregunta, el director general Hasbum expuso una versión dubitativa.
“Bueno, mire, yo pensaría que esto será un proceso paulatino. Todavía... digamos, a nosotros lo que nos corresponde es emitir los lineamientos metodológicos en coordinación con Mideplán”, dijo Hasbum.
El Gobierno podría adelantar la fecha de presentación de la metodología de evaluación, debido a que la herramienta “está prácticamente lista”, como adelantaron ambos jerarcas. La reforma fiscal establece que esta normativa debe publicarse a más tardar, el 4 de junio próximo.
