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Un total de 86 de las 959 denuncias presentadas por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por delitos relacionados al robo de combustible han obtenido sentencia desde la entrada en vigencia de la Ley 9852 que sanciona el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas.
Recope indicó en un comunicado, que esta cifra equivale al 8,96% de los casos llevados ante la justicia durante los primeros seis años de aplicación de la norma desde 2020.
Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades dentro de estructuras que, con el paso de los años, han sofisticado sus métodos de operación y diversificado los roles de quienes participan en el robo, transporte, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles.
Karla Montero, presidenta de Recope, explicó que el combate al robo de combustible requiere desarticular las estructuras criminales completas y no solo clausurar las conexiones clandestinas, las cuales pueden volver a ser instaladas por las organizaciones.
Según la institución, las denuncias planteadas por la entidad abarcan la cadena delictiva completa, que incluye la extracción, movilización y comercialización no autorizada del producto.
Las acciones delictivas contra el poliducto incorporan el uso de mangueras industriales de alta presión, sistemas de almacenamiento clandestino y logística para el traslado de producto en grandes volúmenes, según informó la organización.
A partir del 2022, Recope detalló que incrementó su participación en las etapas de investigación mediante la entrega de criterio técnico, el acompañamiento en diligencias e inspecciones especializadas en los puntos de extracción, así como el análisis del combustible decomisado.
