Miles de trabajadores del sector público marcharon pacíficamente este miércoles 26 de noviembre por el centro de San José. Desde las 9:00 a. m., el parque de La Merced empezó a llenarse con pancartas, música y grupos de baile.
La consigna era una sola: exigir al gobierno de Rodrigo Chaves la reactivación de la mesa donde se negocia el aumento salarial y defender la inversión pública en educación.
Según cálculos de la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves, a la convocatoria respondieron al menos 10.000 personas de las siete provincias del país. La manifestación fue organizada por 21 sindicatos, asociaciones, instituciones y frentes de lucha.
Reclaman incremento salarial
Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), señaló que el sector público está por cumplir seis años consecutivos con los salarios congelados, sin reajustes por costo de vida.
Los sindicatos buscan un incremento salarial “justo” para los trabajadores y que el gobierno de Rodrigo Chaves reactive de inmediato la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
En esa línea, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), señaló que otro de los motivos de la marcha es el rechazo a la propuesta de un incremento salarial de ¢10.000 para el 2026.
Consideró que ese aumento “no compensa en absoluto seis años de congelamiento” y no responde a la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los funcionarios.
Además, cuestionó la narrativa del gobierno hacia el sector público y defendió que los empleados del Estado cumplen con sus obligaciones fiscales.
“Los trabajadores públicos pagamos impuestos quincena a quincena, mes a mes. No le debemos nada al Gobierno”, afirmó Montero.
Defensa del 8% del PIB en la educación
Otro de los ejes centrales de la movilización fue la defensa en que el presupuesto de 2026 mantenga el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación.
También, pidieron al Poder Ejecutivo el descongelamiento de las pensiones del Régimen de Reparto (RTR) bajo las leyes 2248 y 7268. Según Montero, los pensionados amparados a esas normas quedaron sujetos a los salarios de los trabajadores activos y, durante seis años, no han recibido el ajuste correspondiente.
“Somos personas que queremos conversar y utilizar un tono correcto para exigir lo que le corresponde al sistema público y que nos han arrebatado durante mucho tiempo”, declaró Montero.
A la marcha se unieron también la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), el Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación (Sinapro y Afines) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), entre otros grupos del sector social y educativo.
Pasadas las 11:30 a. m., la movilización avanzó por la avenida segunda y llegó al Ministerio de Hacienda, donde los sindicatos entregaron al Poder Ejecutivo un documento con sus principales demandas.
Críticas a Chaves y al MEP
Tanto Montero como Chaves, cuestionaron durante la manifestación al presidente Rodrigo Chaves por el cierre del acceso a Casa Presidencial, aunque la marcha sindical de este miércoles 26 de noviembre no tenía previsto dirigirse a ese punto.
La presidenta de la APSE dijo que Chaves temía a la manifestación, debido a que el mandatario “sabe que no está bien parado, que no ha respondido al sector de los trabajadores públicos y mucho menos al sector educación”, dijo la dirigente.
Montero también denunció que el martes los miembros de ANDE recibieron una nota oficial del Ministerio de Educación Pública (MEP) que, según afirmó, pretendía “desmovilizar y desmoralizar” a los trabajadores de la educación que participarían en la protesta.