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Tres organizaciones sindicales de la Municipalidad de Tibás convocaron a una huelga que iniciaría el próximo viernes 28 de noviembre, en protesta por el incumplimiento del pago de un reajuste salarial del 3,25%, aprobado meses atrás por la Junta de Relaciones Laborales y ratificado con acuerdo firme por el Concejo Municipal.
El movimiento tendría una estructura escalonada: durante el lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 de diciembre, sería de de 6 a. m. a 10 a. m.
Si no hay solución, el grupo de trabajadores iría a huelga indefinida, a tiempo completo, desde el día hábil posterior al cierre de la primera semana de protesta. Esta abarcaría todo el personal de la Municipalidad de Tibás, pues —según los sindicatos— no existen servicios esenciales que limiten la huelga.
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La única excepción serían los servicios de cementerio para sepelios se mantendrán dentro del horario laboral.
El aviso también fue remitido al Concejo Municipal, al Ministerio de Trabajo y a varios medios de comunicación nacionales.
Así consta en el aviso formal de huelga dirigido al alcalde Alejandro Alvarado Vega y firmado por representantes del Sindicato Independiente de Empleados Municipales (SIEM), Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica (STMDECR).
La Nación envió consultas al alcalde quien, según su oficina de prensa, tiene previsto referirse al tema en el transcurso de este viernes.
El reajuste fue discutido y aprobado en la Junta de Relaciones Laborales el 27 de junio de 2025, con participación de representantes de sindicatos, la Alcaldía y el Concejo Municipal, según precisaron las organizaciones en documentos enviados a medios de prensa este viernes.
Posteriormente, el 22 de julio, el Concejo Municipal aprobó por mayoría calificada —y declaró firme— el ajuste salarial retroactivo a enero de 2025, avalado por criterios de Hacienda y sustentado en la Convención Colectiva, el artículo 62 de la Constitución y el Código Municipal .
Pese a ello, los sindicatos afirman que la Municipalidad no ha ejecutado el pago, ni ha respondido solicitudes formales enviadas desde finales de octubre y principios de noviembre.
El documento remitido a la prensa advierte que la falta de ejecución podría constituir “incumplimiento de deberes” por parte de la Alcaldía, al no aplicar un acuerdo firme de la corporación municipal.
