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Prácticamente todos los días, la Municipalidad de San José recibe un reporte de que la salida de una alcantarilla, ubicada en la acera o a la mitad de la calle, quedó expuesta debido al robo de la tapa metálica que la cubre, la cual terminará vendida a una chatarrera.
En lo que va de este año, el Ayuntamiento ha recibido más de 270 reportes de peatones, conductores y comerciantes que se han topado un enorme hueco en su camino y que con su aviso intentan evitar un accidente como el que le ocurrió a un niño el lunes 10 de octubre, en la avenida central, cuando cayó en una trampa de grasa que se encontraba sin tapa. El menor sufrió golpes leves y, posiblemente, la pérdida de su ropa.
Sobre el caso, el municipio aseguró a La Nación que el responsable de tapar ese espacio era el restaurante que se encontraba contiguo a la trampa. El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, dijo que se trata de una sucursal de Pizza Hut. Cuando este diario fue al sitio para hablar con el comercio, el encargado dijo que no iba a referirse al tema.
Manuel Ordeñana, jefe de la Red Pluvial de San José, explicó que, en algunas ocasiones, el municipio se percata de que una alcantarilla está expuesta hasta cuando una persona cae en ella. No obstante, agregó, el problema es más grande de lo que registran los reportes, porque solo este año se han colocado 496 tapas en sitios que detectó el Ayuntamiento durante sus recorridos.
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Para cubrir todo el cantón se necesitan unas 20.000 tapas metálicas o parrillas, y cada una le cuesta a la Municipalidad alrededor de $140. El funcionario reconoció que no se tienen suficientes para cubrir la demanda y que por eso para el próximo año se está planteando la adquisición de por lo menos 500 más.
En los últimos años, agregó, también se ha reforzado la manera de colocar estos instrumentos porque, aunque en un momento se resguardaron hasta con cadenas, de igual forma se las robaban con facilidad.
“Hemos empezado a romper la parte superior del tragante, cambiamos el flanger, ponemos la nueva parrilla, le ponemos unas varillas de refuerzo, la soldamos, le colocamos armadura, le agregamos otra cobertura de resistencia y es la única manera que hemos logrado para evitar que se las roben”, detalló Ordeñana, al resaltar que este proceso es más lento y caro.
El gobierno local indicó que cuando se reporten huecos expuestos frente a hospitales, escuelas, parques, mercados y áreas de alto comercio, se busca atenderlo el mismo día o al siguiente, pero si los sitios reportados no tienen esas características, no se les asigna tanta prioridad y la solución puede tomar más tiempo.
En este tema, también tiene injerencia el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en el aspecto sanitario, y el Ministerio de Salud, para sancionar a aquellos contribuyentes que no se hagan cargo de sus cajas de registro, ubicadas en aceras y vías públicas.
“Por ejemplo, cuando hay un restaurante debe tener una caja que se llama cenicero, ya que no pueden tirar las grasas directamente a la caja de registro, como sucedió en la avenida central. Ellos deben tener una caja previa antes de llegar al ducto sanitario para que los desechos no se vayan al sistema, porque si las grasas están cayendo ahí, más bien es un tema que hay que hacerle saber al Ministerio de Salud para que le haga la debida llamada de atención al comercio”, puntualizó Ordeñana.
Tras ser consultado, el AyA respondió que aunque todas las tapas redondas de alcantarillas estén marcadas con su sello, hay que revisar cada caso específico, porque en ocasiones pertenecen a la Municipalidad y en otras a la institución. También a la hora de reponerlas, en todas las situaciones se debe revisar en el sistema a cual entidad le toca hacerlo, ya que este es el procedimiento con el que se ha trabajado en los últimos años.
Reclamar por daños
La caída o el accidente de un peatón por estos huecos sin tapa podrían dar origen a acciones legales contra el responsable de arreglar el problema. Así, por ejemplo cuando se trate de alcantarillas, podría ser la Municipalidad, como lo reconoció el jefe de la Red Pluvial de San José. Según dijo, ya ha enfrentado demandas por estos hechos.
“Sí hemos tenido casos, pero no le puedo precisar un dato. Muchas veces es porque nosotros no tenemos el reporte de que están sin tapa. Si la parrilla no fue reportada, nosotros no tenemos cómo saberlo porque difícilmente tenemos la capacidad de saber si se la robaron hoy o ayer; es prácticamente imposible”, argumentó el funcionario.
Walter Contreras, especialista en Derecho Administrativo de EY Law, explicó que las entidades públicas poseen una serie de responsabilidades dadas por ley, que deben llevarlas a cabo de manera eficiente y, desde luego, garantizar que en la ejecución de estas no se le cause un daño a ninguna persona o empresa. En caso de hacerlo, la entidad es responsable de resarcir, es decir, reparar o indemnizar a la víctima por ese daño.
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La Ley General de la Administración Pública, a partir de su artículo 190, regula el régimen general de responsabilidad de las entidades públicas por los daños causados, y se indica claramente que la Administración Pública debe responder por cualquier daño que cause con sus actuaciones.
“Ahora bien, es claro que si una municipalidad o el AyA llevan a cabo alguna acción que causa un daño, deben responder por ese daño pero, ¿qué pasa cuando el daño es causado no por una acción sino más bien por una omisión? Es decir, el daño se ocasionó por lo que debiendo haberse hecho no se hizo. Por ejemplo, la municipalidad dejó de reparar una vía y con eso se generó un accidente o el AyA no atendió una fuga que produjo un deslizamiento. ¿Son responsables también las instituciones por esas conductas omisivas?
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“La respuesta es sí. La ley así lo establece y los tribunales costarricenses han reconocido reiteradamente la responsabilidad por omisión de la Administración, la cual se cataloga como actividad anormal, la ley penaliza ese incumplimiento en los deberes de la institución con la obligación de reparar cualquier daño que se cause por ese incumplimiento en sus deberes”, comentó Contreras.
El experto concluyó que, por lo anterior, ante eventos en los cuales una persona o empresa sufre un daño por culpa de una conducta omisiva de la Administración, tiene derecho a reclamar el resarcimiento de ese daño ante los tribunales de justicia. En este caso específico al ser un reclamo en contra de una entidad pública se debe acudir al Tribunal Contencioso Administrativo y plantear, con las pruebas idóneas, el reclamo correspondiente en contra de la institución que tenía la obligación de llevar a cabo una tarea que incumplió.
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