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“Uno les dice a los profesores que primero tengan sensibilidad hacia los cambios que demuestran los chicos, porque cuando un adolescente es víctima de abuso, tiende a cambiar a nivel personal”.
Este es el mensaje que Yalile Umaña Castillo transmite a los docentes de Aguirre, Puntarenas, donde trabaja como asesora de Orientación del Ministerio de Educación Pública (MEP).
También es el llamado que el Ministerio extiende ahora a los profesores de secundaria, mediante el protocolo para abordar casos de violencia física, psicológica y sexual en los centros educativos.
Además de este manual, los liceos cuentan con guías para afrontar consumo o venta de drogas, portación de armas, así como matonismo o bullying .
Tras despertar la sensibilidad del educador, actitud clave para descubrir alumnos víctimas de estos tipos de violencia, es necesario que también tengan interés.
Para ello, debe conversar con los estudiantes y actuar en caso de que ocurran esos hechos.
Según Umaña, los muchachos afectados bajan su rendimiento académico, se aíslan y son invadidos por sentimientos de temor.
Estas conductas pueden ser descubiertas por los educadores, pues pasan muchas horas al día con los adolescentes.
Aparte de la observación y el diálogo, los profesores pueden acudir a los amigos del alumno afectado, ya que constituyen una buena fuente de información.
“Lo que tratamos es despertar en el docente eso (interés), de indagar, llamar al estudiante, buscar de qué manera se gana la confianza del muchacho para que pueda contar un poco lo que está viviendo”, afirmó la educadora.
Yalile Umaña colaboró con la redacción de los protocolos.
¿Qué hacer? De verificarse una situación de violencia en perjuicio de un estudiante, el MEP establece como regla estricta la denuncia.
Eso incluye, de ser necesario, acudir ante el Ministerio Público, por ejemplo, en situaciones de abuso sexual.
La respuesta debe ser aún más inmediata si el educador sospecha que el joven corre algún riesgo.
Jorge Urbina, gerente técnico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), recordó que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar abusos sexuales contra menores.
Si el sospechoso es inocente, dijo Urbina, no puede tomar represalias legales contra la persona que denunció, pues esta se amparó en el Código de Niñez y Adolescencia.
Antes de. La batalla inicial que libra el MEP es convertir los colegios en espacios libres de violencia.
”La disuasión está relacionada con una actitud proactiva de la Administración y de la comunidad educativa en la eliminación de todas las formas de violencia, el establecimiento claro de reglas de convivencia, así como las consecuencias y la responsabilidad por los propios actos”, dice el protocolo.
Por eso promueve la resolución alternativa de conflictos y la creación de una cultura de paz.
