El proyecto de ley para regular la operación de las plataformas tecnológicas de transporte como Uber y Didi fue sacado de la agenda legislativa por el Poder Ejecutivo, este lunes.
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que había sido incluido en esa lista de iniciativas a discutir en el período de sesiones extraordinarias por un error.
El jerarca afirmó que no estaba previsto que ese proyecto se pusiera a discusión de los legisladores en este momento.
“De hecho, no se había discutido el tema para haberlo convocado, yo no sé cuál fue el que enviaron, fue un error (...) Yo hice la consulta el mismo viernes en la noche cuando vi que había sido convocado y se me informó desde ese mismo momento que había sido por error”, aseguró el jerarca.
El ministro dijo que a la iniciativa aún le falta madurar y la convocatoria debía estar coordinada con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
El jerarca negó que la decisión de dar marcha atrás obedeciera a las presiones de los grupos de taxistas, que, según mensajes divulgados por algunos de los líderes en redes sociales, ya estaban convocando a manifestaciones a partir de este martes.
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El diputado liberacionista Roberto Thompson, quien preside el foro de Económicos dijo a La Nación que desconocía las razones de la desconvocatoria, pero tampoco participó en ninguna reunión para que la iniciativa fuera incluida.
Thompson sí consideró que las razones podían estar asociadas a las presiones de los taxistas.
El texto ahora podría ser discutido hasta setiembre cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
El ministro de Obras Públicas reconoció que es urgente resolver el tema de la operación de las plataformas digitales de transporte.
“El sistema ha estado operando totalmente en la ilegalidad, y eso hay que normalizarlo, no puede ser que sigamos en la manera que ha venido operando (..) la piratería del transporte se ha venido acrecentando, a causa de la pandemia se está teniendo una afectación en todo el sistema de transporte colectivo, no solo de los taxis. La gente sin empleo busca algo que hacer.
“Además que con la Policía de Tránsito a la orden de Seguridad Pública, hemos resentido la ausencia de una fuerza que es muy limitada y que ha estado en operaciones muy distintas a las normales, todo el sector transportes se ha trastornado”, añadió el jerarca.
El proyecto fue presentado en setiembre del año pasado, luego de que los diputados rechazaran una iniciativa creada por el gobierno hace año y medio, pues carecía de viabilidad técnica.
El nuevo texto les impediría a los choferes de esas plataformas trabajar más de 12 horas diarias y los obliga a inscribirse como trabajadores independientes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, obligaría a los clientes a pagar un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) por cada servicio y a los conductores a pagar un derecho de operación anual de ¢90.000.
Mediante una “carta abierta”, la empresa Uber manifestó esta tarde que en medio de una de las situaciones más difíciles para Costa Rica y el mundo, es urgente garantizar la seguridad jurídica de las miles de personas que dependen de los ingresos que se generan a través de aplicaciones como la que ofrecemos”.
Aseguran que la cantidad de viajes han disminuido lo que repercute en los ingresos de los socios colaboradores.
“Es urgente que el Gobierno permita la discusión del proyecto de ley 21587, Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas, propuesto por un grupo multipartidario de diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa”
“Iniciar el debate de esta iniciativa implica abrir las puertas al diálogo. Nuestro país debe aprovechar la voluntad política y el afán de construir de esta Comisión. Miles de familias así lo demandan” indica la misiva.