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El Ministerio Público decidió reabrir el caso Millicom con el fin de hacer un estudio de todos los documentos que se refieren a ese expediente, para determinar posibles responsabilidades en funcionarios que intervinieron en la autorización de las frecuencias de telefonía celular.
"Se reabrió debido a la importancia que tiene para el país un caso como el de Millicom", dijo el jefe del Ministerio Público, Carlos Arias Núñez, ante una consulta hecha por La Nación.
Para la investigación, se designó a Silvia Carmona Rivas, fiscal de la unidad económica, que es la que se encarga de investigaciones como esta.
Arias afirmó que se está haciendo un estudio completo del expediente y recabando documentos de las diferentes instancias estatales que estuvieron vinculadas con la autorización para que la empresa Millicom operara el sistema de telefonía celular.
"Pedí una investigación sobre la telefonía celular, en donde nada puede quedar sin resolver. Si es del caso sacar a la luz pública algo malo de un exfuncionario o bien de algún empleado de una institución pública, lo haré", aseveró el Fiscal General de la República
Además, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia una plaza de alcalde supernumerario, con el fin de que refuerce la sección de delitos económicos durante las nuevas indagaciones, explicó Arias Núñez.
El caso Millicom se reabre cuatro meses después de que se desestimó una causa, por prescripción, contra el exministro de Gobernación en la administración de Oscar Arias, Rolando Ramírez, a quien se relaciona con la autorización dada a la empresa para que funcionara en el país.
Los supuestos delitos en que habría incurrido Ramírez -según dicha causa- eran incumplimiento de deberes y prevaricato, los cuales en el primer caso prescribían a los tres años y en el segundo, a los seis años. "Cuando llegaron al Ministerio Público ya no se podía hacer nada", afirmó Arias Núñez.
El otorgamiento de las frecuencias celulares se dio en agosto de 1987, cuando Warren Murillo, funcionario de la Oficina de Control de Radio las autorizó con el aval del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En ese entonces la Oficina de Radio estaba adscrita al Ministerio de Gobernación.
La Contraloría General y la Procuraduría General de la República se han pronunciado en el sentido de que una empresa privada no puede operar un sistema de frecuencia celular, a menos que cuente con una autorización de la Asamblea Legislativa, la que nunca tuvo Millicom.
La historia en breve
¿Qué pasó?
-En 1988 la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudica una licitación para la operación de telefonía celular a la compañía Millicom
-En 1993 la Sala IV declara inconstitucional la concesión dada a Millicom y ordena el cierre de esa empresa.
-En 1995 el Gobierno desconecta los equipos de la empresa Millicom.
¿A quién se responsabilizó?
-La Asamblea Legislativa conformó una comisión investigadora de la telefonía celular, sin embargo, no determinó responsables en el otorgamiento de las concesiones de frecuencias.
-El Ministerio Público recibió el año pasado el informe de la comisión legislativa sobre el caso, por lo que inicia una investigación, pero al final solicita desestimación por prescripción.
-La Procuraduría inicia una investigación el 1 de marzo sobre el caso de la telefonía celular, pero hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.
Fuente: Centro de documentación de La Nación.
