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La compañía de telecomunicaciones Millicom demandó al Estado de Costa Rica en una corte distrital de Washington D.C. como consecuencia de la suspensión de sus operaciones en nuestro país en 1995.
Esta información la confirmó ayer a La Nación un alto jerarca de Millicom en San José, quien prefirió que no se le identificara, por carecer de detalles.
La demanda fue planteada contra el Estado, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S.A (RACSA).
El informante admitió haber tenido copia de un mensaje divulgado en la Bolsa de Nueva York por la matriz de Millicom con los datos básicos del litigio entablado -según confirmó- por un monto de $400 millones (¢79.600 millones).
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Oreamuno, en versiones difundidas por la agencia Acan-Efe desde San José, verificó la acción entablada por Millicom.
La Nación trató infructuosamente de localizar tanto a Oreamuno como a Alejandro Soto, ministro de Información para conocer pormenores del caso.
En la referencia divulgada por Acan-Efe se atribuye a Oreamuno haber dicho que ahora el Gobierno debe hacer lo posible para que la defensa del país esté en buenas manos.
En ese sentido, adelantó que se deben contratar abogados en Estados Unidos y que, mientras tanto, la defensa quedará en manos de la Procuraduría General de la República.
El representante de la compañía consultado ayer aquí advirtió, sin embargo, que la demanda se tramitó en su integridad en Estados Unidos y que, por lo tanto, no conocen detalles al respecto.
En nuestro país se hizo pública la información mediante una publicación ayer del Diario Extra y posteriormente ampliada por al menos una agencia noticiosa.
Millicom reclama al Gobierno de Costa Rica la multimillonaria indemnización en vista del cese de sus operaciones en el país. La empresa, que prestaba el servicio de telefonía celular desde 1988, debió desconectar sus equipos a las 12 medianoche del 9 de mayo de 1995, obligada por el Gobierno que, a su vez, acató un fallo de la Sala IV.
Gran preocupación
El vicepresidente Oreamuno dijo que el Gobierno aún no está enterado de los detalles de la nueva demanda, pero advirtió que constituye "una gran preocupación".
Anoche se intentó conocer, vía telefónica, la versión de la embajadora costarricense en Washington, Sonia Picado, pero no fue posible localizarla ni en la casa ni en la oficina.
Oreamuno manifestó que el Gobierno siempre procuró solucionar el problema con Millicom de una manera "amistosa", precisamente con el fin de evitar la posibilidad de una demanda. Pero eso no se pudo hacer, como tampoco se logró mantener en operación los equipos de la firma estadounidense mediante la firma de una alianza con otra compañía nacional, en ese caso Radiográfica Costarricense (RACSA).
Resaltó la fuerte oposición de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que en aquella ocasión llamaron a huelga cuando el Gobierno buscó la posibilidad de la mencionada alianza.
Transacción caliente
En varias ocasiones la concesión otorgada a Millicom en 1988 fue cuestionada y creó una fuerte controversia. Tras su ruptura ahora llegó al punto máximo con la demanda por $400 millones interpuesta contra el Gobierno, el ICE y RACSA. Alguno de los momentos principales fueron:
Febrero de 1987. El Ministerio de Gobernación autoriza frecuencias para explotación privada de telefonía celular.
Julio de 1988. La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudica una licitación a la compañía Millicom.
Abril de 1989. Millicom inicia oficialmente su sistema de telefonía celular en el país.
Junio de 1991. El contralor general de la República, Elías Soley, cuestionó, mediante un dictamen, la concesión otorgada a Millicom.
Octubre de 1993. La Sala IV declaró inconstitucional la concesión dada a Millicom y ordena, por tanto, el cierre de operaciones de esa empresa.
Mayo de 1995. A la medianoche del día 9 de este mes se desconectan los equipos de la empresa. De inmediato, el Gobierno propone que el sistema sea operado por otra empresa nacional (Radiográfica Costarricense S.A.), mediante un alianza con Millicom, pero los sindicatos del ICE se oponen.
Febrero de 1996. El miércoles pasado, las compañías Millicom Costa Rica (operadora del servicio) y Comunicaciones Celulares S.A. (dueña de la concesión) presentaron en una corte de distrito, en Washington, una demanda por $400 millones. Fuente: Centro de documentación de La Nación.
