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La Contraloría General de la República revisó ayer un total de 17 objeciones al cartel y al contrato de concesión de un nuevo muelle para barcos portacontenedores en puerto Moín, Limón.
El sindicato de trabajadores de Japdeva y una de las firmas interesadas en el proyecto cuestionaron temas tarifarios y técnicos del cartel, que pretende adjudicar a una firma privada un puerto de 1.500 metros de longitud, valorado en $812 millones.
Para revisar las objeciones, la Contraloría realizó ayer audiencias orales y públicas en las que comparecieron los representantes sindicales y voceros de la firma APM Terminals y de Japdeva.
Francisco Jiménez, presidente de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), fue el encargado de defender el cartel de concesión.
El sindicato dijo oponerse a la concesión de un muelle privado, pues alega que esa competencia reducirá los ingresos de Japdeva en Limón (donde se atienden portacontenedores).
Por su parte, APM Terminals, firma holandesa que administra 30 terminales en el mundo, objetó el requisito que la obligaría a pagar a Japdeva un 15% de sus utilidades.
Ese dinero serviría para que la Junta Portuaria siga desarrollando proyectos sociales en la provincia caribeña.
Con las audiencias de ayer y la posterior resolución de la Contraloría se vence el período de objeciones al cartel.
Se estima que Japdeva recibirá ofertas en la tercera semana de agosto. Mientras tanto, el Gobierno confía en que el sindicato acepte conceder los muelles de Japdeva a la misma empresa que construya el puerto privado en Moín.
