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Liberia, Guanacaste. Las municipalidades de Liberia y Carrillo acordaron aliarse en una lucha en defensa del libre acceso a playa Iguanita, en el golfo de Papagayo, en el Pacífico norte.
Ambos gobiernos locales firmaron un convenio en tal sentido durante una visita a esa playa que realizaron –a finales de mayo– el ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides; la diputada guanacasteca Maureen Ballestero y directivos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
También acudieron vecinos de las comunidades de Iguanita y Guardia, y representantes de las empresas concesionarias, además de los funcionarios municipales de los dos cantones.
Las municipalidades quieren que se definan varios aspectos: el camino público para llegar a Iguanita, la modificación del uso de suelo, la solicitud de concesión que, sobre varios terrenos, hicieron Liberia y Carrillo en 1991, y las concesiones en 1994 a las empresas de Exporsa y Mediatek.
“Esta inspección la realizamos con el fin de conocer, en el sitio de los hechos, la situación que está generando conflicto entre los vecinos, las empresas privadas y el ICT, con la idea de tener más elementos para tomar una decisión.
“Se busca que las partes queden, al menos, parcialmente conformes con el resultado”, manifestó Carlos Ricardo Benavides.
La lucha. Por su parte, el alcalde de Liberia, Carlos Marín, ratificó el derecho de los vecinos de la zona, y de los guanacastecos en general, de acceder libremente a playa Iguanita con el desarrollo de un proyecto local que favorezca el turismo.
De igual forma, Carlos Cantillo, su contraparte de Carrillo, manifestó que la lucha es conjunta entre ambos municipios.
“Estamos uniendo esfuerzos e intereses porque estamos convencidos que playa Iguanita debe ser para los guanacastecos y costarricenses en general.
“Existe un interés público en nuestra iniciativa y por eso estamos dispuestos a luchar por este propósito”, puntualizó Cantillo.
Carlos Jiménez, representante de Exporsa, una de las empresas concesionarias de la playa, defendió con documentos en mano, ante las autoridades del ICT y los otros presentes, su derecho sobre la concesión, que adquirió hace más de diez años y a través de la cual pasa el camino que los vecinos han utilizado históricamente.
“Esta concesión fue otorgada desde 1994 y no ha podido ser desarrollada, según lo previsto, puesto que tuvimos que resolver litigios judiciales que pesaban sobre los terrenos y no fue sino hasta hace dos años que fueron resueltos”, manifestó Jiménez.
Aunque la visita de los funcionarios del ICT no produjo resultados en forma inmediata, los asistentes esperan que las autoridades tomen una decisión pronta y justa.
