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La Municipalidad de León Cortés (San José) escogió a la empresa que convertiría los desechos sólidos de la zona en electricidad.
Ese municipio tiene el aval de la Contraloría General de la República (CGR) para contratar a la firma.
Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés, dijo que desde hace tres años negocia con la compañía Agropecuaria 7048 y ambas partes avalan las cláusulas de un posible precontrato.
Incluso, tenían previsto iniciar, el mes pasado, con la construcción de la planta gasificadora en el cerro Abejonal, que convertiría 45 toneladas diarias en un megavatio.
Casi todo se había concretado, pero lo que paraliza la entrada en operación es la moratoria ejecutiva, que desde junio y por tiempo indefinido, impide en el país la transformación térmica de desechos.
La contratación directa de Agropecuaria 7048 fue avalada el 9 de setiembre por la Contraloría General de la República (CGR). La firma recibió el permiso para operar por 20 años y cobrar $20 por tonelada métrica de desechos que recibe.
“Estamos muy complacidos con la Contraloría porque en cuestión de seis meses lo analizó todo objetivamente y tomó en cuenta nuestra necesidad real, sin importar la moratoria”, dijo el alcalde Quesada.
Aunque eso implica un avance en los trámites, el aval contralor no le da luz verde al gobierno local de León Cortés para ejecutar la técnica, debido a que el municipio siempre tiene la obligación de ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
De acuerdo con la División de Contratación Administrativa de la CGR, la autorización de contratación directa es un mecanismo de selección de un contratista y no uno indirecto para conferir avales que les competen a otras instancias.
En todo caso, solo si se deroga la actual imposibilidad, León Cortés podría obtener el permiso que le falta por parte del Ministerio de Salud y la viabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Toman acciones. De acuerdo con el decreto 38.500 -S- Minae, la moratoria se mantendrá hasta que el Gobierno tenga certeza técnica y científica de los efectos de la gasificación en la salud pública y ambiente. En el país no existen normas ni instrumentos para calcular los daños o controlar tales emisiones.
Pero ese decreto y la insistencia por mantenerlo vigente motivó a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) a demandar al Estado ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Gilberto Monge, vicepresidente de la ANAI, aseguró que presentarán la demanda hoy mismo, pues ya dieron al Gobierno “tiempo suficiente” para derogar el decreto.
“Nos frenaron abruptamente; esta fue una medida irrespetuosa de la autonomía municipal”, dijo.
De acuerdo con Monge, en julio, las carteras de Salud y Ambiente “prometieron” a los municipios que los invitarían a una comisión para tratar este tema en conjunto.
“No han aparecido; no nos han buscado, agregó Monge.
