EscucharEl diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Luis Fishman solicitó a la Fiscalía investigar el debilitamiento que ha sufrido Radiográfica Costarricense (Racsa) en los últimos años.
Así consta en una carta remitida al fiscal general, Jorge Chavarría, el pasado 13 de setiembre.
El legislador adjuntó a la petición un documento denominado “Manual para destruir una empresa pública: caso Racsa”, en el cual se documentan las principales revelaciones de una investigación hecha por un equipo de análisis.
“De los hallazgos realizados, este despacho está altamente alarmado debido al deterioro progresivo y sostenido que tuvo la empresa a partir del 2006 hasta el presente, bajo las administraciones de Pedro Pablo Quirós y Eduardo Doryan”, indica el documento.
La carta de Fishman agrega que la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afrontó un grave daño en su base de clientes, con fuertes pérdidas económicas debido al rezago competitivo y tecnológico.
Tal y como publicó La Nación con base en datos recopilado por el legislador, Racsa acumuló pérdidas por ¢5.735 millones entre mayo del 2010 y abril de este año.
Asimismo, esa compañía, que en el pasado fue líder en servicios de Internet, pasó de 152.000 clientes residenciales a solo 50.000. Ahora también enfrenta la pérdida de clientes empresariales.
Radiográfica llega a esta situación pese a múltiples advertencias de sindicatos, directivos, la Auditoría Interna, organismos internacionales e incluso los propios empleados sobre la necesidad de fortalecer a la empresa con miras a la apertura del mercado.
Responsables. El diputado le solicitó al fiscal determinar la eventual responsabilidad civil y penal de los funcionarios públicos que incumplieron sus obligaciones y causaron graves pérdidas a la Hacienda Pública.
Sugirió poner especial atención a los ministros rectores, presidentes ejecutivos del ICE, miembros de las juntas directivas y gerentes.
El congresista hizo la misma solicitud de investigación a la Contraloría General de la República, Procuraduría y a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público.
